Por el momento, se ha aplicado un freno a la iniciativa para restringir el acceso de vehículos a Mallorca. No obstante, esta semana el Partido Popular, que gobierna en la isla, planteó una cuestión de gran interés.
El PP criticó a los socialistas del PSOE por exigir límites a los vehículos mientras que, aparentemente, apoyan políticas que incrementan la llegada de turistas por vía aérea.
Por su parte, el PP mantiene que va a dejar en manos de los consejos insulares la decisión sobre los límites vehiculares, un proceso complejo y delicado. Sin embargo, esto evidencía que, si bien las autoridades baleares pueden intentar abordar el problema de la congestión del tráfico –un inconveniente diario en Palma, con o sin coches de alquiler–, la región no tiene injerencia alguna en la gestión aeroportuaria.
Durante años, gobiernos de todo signo político han intentado participar en la gestión de los aeropuertos, siemplemente para encontrarse con la puerta cerrada. El argumento fundamental es que las autoridades balearas conocen mejor que AENA –con sede en Madrid y que no solo registra cifras récord de ingresos, sino que además incrementa sus tasas operativas, encareciendo los billetes aéreos– lo que las islas necesitan. El debate sobre los vehículos es más bien de índole cultural, dado el apego de los mallorquines a su automóvil. El tráfico aéreo es otra cuestión: cabe preguntarse cuántos turistas necesita realmente Mallorca o si la isla se ha convertido, sencillamente, en una fuente de ingresos para unos pocos.