Los datos del Ministerio del Interior muestran que las expulsiones alcanzaron su punto álgido en los primeros años del mandato de Sánchez, siendo 2019 el año récord. Crédito de la foto: Sonia Bonet / Shutterstock
El gobierno español ha expulsado a casi 21.000 extranjeros en situación administrativa irregular desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2019, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Esta cifra representa menos del 7% del total de personas que ingresaron en España de manera irregular durante el mismo período.
Los datos, difundidos por el Ministerio en respuesta a preguntas parlamentarias y recogidos por varias agencias de noticias, revelan que entre 2019 y 2025 se ejecutaron 20.682 expulsiones, mientras que aproximadamente 305.000 personas llegaron a España a través de rutas irregulares en ese septenio.
Expulsiones frente a llegadas
Las cifras ponen de manifiesto una brecha significativa entre el número de llegadas irregulares y el de expulsiones efectivas. Mientras las llegadas fluctuaron anualmente, el total acumulado de expulsiones se mantuvo comparativamente bajo, resultando en una tasa de expulsión inferior al 7% para el conjunto del período.
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Se consideran llegadas irregulares tanto las entradas por mar, tierra o aire sin documentación válida, como los casos de personas que, habiendo entrado con visa, sobrepasaron su estancia y cayeron en situación irregular. Las expulsiones, por su parte, se refieren a las devoluciones forzosas ejecutadas por las autoridades, no a los retornos voluntarios.
Tendencias anuales bajo el Gobierno de Sánchez
Según los datos del Ministerio del Interior, las expulsiones alcanzaron su máximo en los primeros años del mandato de Sánchez, registrándose la cifra anual más alta en 2019. Los números cayeron abruptamente en 2020 debido a las restricciones de viaje internacional y el cierre de fronteras durante la pandemia de COVID-19.
Con la reanudación de los viajes, las expulsiones aumentaron gradualmente de nuevo. En 2025, las autoridades llevaron a cabo 3.398 expulsiones, lo que supone una recuperación respecto a los mínimos de la pandemia, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2020.
Pese a este incremento, el ritmo general de las expulsiones no ha seguido el mismo paso que el volumen de llegadas irregulares registrado en el mismo período.
Limitaciones legales y logísticas
Expertos y funcionarios señalan diversos factores que limitan el número de expulsiones que España puede ejecutar: salvaguardas legales, dificultades para determinar el país de origen de un individuo y la necesidad de acuerdos de cooperación con terceros países dispuestos a aceptar retornos.
La legislación española exige que las expulsiones cumplan con la normativa nacional, las reglas de la Unión Europea y los estándares internacionales de derechos humanos. En la práctica, esto implica que no todas las personas en situación irregular pueden ser expulsadas, especialmente si carecen de documentos de identificación o provienen de países que no aceptan devoluciones forzosas.
Los desafíos logísticos, como la disponibilidad de vuelos fletados y la capacidad de los centros de internamiento, también condicionan el número de expulsiones ejecutables anualmente.
Rutas migratorias y puntos de presión
El período desde 2019 ha estado marcado por una presión sostenida en las fronteras españolas, particularmente en las rutas atlántica y mediterránea. Las Islas Canarias experimentaron incrementos significativos de llegadas en varios de esos años, mientras que las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla también registraron picos.
Los datos gubernamentales muestran que las llegadas no se distribuyeron de manera uniforme en el tiempo. Algunos años registraron fuertes aumentos impulsados por la inestabilidad geopolítica, la precariedad económica en los países de origen y la evolución de los patrones migratorios.
Mientras las llegadas crecían sustancialmente en ciertos períodos, las cifras de expulsión no aumentaron al mismo ritmo, lo que contribuyó a ampliar la brecha reflejada en los totales acumulados.
Debate político
Estas cifras se han convertido en un punto de controversia política en España. Los partidos de la oposición critican la gestión migratoria del gobierno, argumentando que las políticas de expulsión carecen de efectividad. Los simpatizantes del Ejecutivo replican que las expulsiones son solo una parte de una estrategia migratoria más amplia, que incluye acogida humanitaria, tramitación de asilo y cooperación con los países de origen.
El gobierno ha reiterado que la política migratoria debe equilibrar el control fronterizo, las garantías legales y las obligaciones internacionales, y que las cifras de expulsión por sí solas no reflejan la complejidad de gestionar la migración irregular.
Comparativa europea
La tasa de expulsión española se alinea, en términos generales, con las tendencias observadas en otros países de la Unión Europea, donde las devoluciones forzosas suelen representar una minoría de las llegadas irregulares. En toda la UE, las tasas de retorno están influenciadas por limitaciones legales, diplomáticas y operativas similares.
Las instituciones comunitarias han subrayado en repetidas ocasiones la dificultad de incrementar los retornos sin acuerdos de cooperación más sólidos con terceros países y procedimientos legales más ágiles.
Perspectivas
El Ministerio del Interior no ha indicado cambios inmediatos en la política de expulsiones, aunque la gestión migratoria sigue siendo un asunto central en la política española y europea. Las futuras cifras de expulsiones dependerán de las tendencias de llegada, la cooperación internacional y los marcos legales domésticos.
Por ahora, los datos oficiales confirman que, desde 2019, las expulsiones han representado solo una pequeña fracción del total de personas que llegaron irregularmente a España en el mismo período.