Los fiscales generales demócratas se estan preparando para que el presidente Donald Trump interfiera en las elecciones legislativas — y están planeando cómo detenerlo.
Los principales fiscales del partido han estado diseñando estrategias durante meses para contrarrestar una serie de escenarios cada vez más extremos que temen que podrían ocurrir este otoño. Se han reunido en salones de conferencias de hoteles y en reuniones por Zoom para realizar ejercicios de simulación, anticipando los movimientos del presidente y coreografiando respuestas.
Se preparan para que la administración potencialmente confisce papeletas y máquinas de votación, reduzca recursos del servicio postal para interrumpir la entrega de votos por correo, y envie miembros del ejército y agentes de inmigración a los centros de votación para intimidar a los votantes. Preparan solicitudes de órdenes de restricción temporales para preservar materiales electorales y retirar fuerzas armadas de los lugares de votación.
Y, mientras el presidente intenta afirmar control federal sobre las elecciones, apoderarse de datos de votantes y replantear falsas acusaciones de fraude del 2020, monitorean cada palabra de Trump y sus aliados sobre elecciones en busca de pistas sobre qué podría hacer su administración a continuación.
“[Trump] quiere que su partido siga prevaleciendo, aparentemente por cualquier medio necesario,” dijo el Fiscal General de California, Rob Bonta. “Así que tenemos que estar listos para eso, por triste y trágico que sea.”
Los fiscales generales demócratas, algunos de los cuales enfrentaron las tácticas de subversión electoral de Trump en los tribunales en el 2020, ya han impugnado los esfuerzos del presidente para reformar la administración electoral y acceder a datos sensibles de votantes antes de unos comicios que podrían convertirlo en un presidente débil.
Diecinueve de ellos se unieron para demandar a la administración la primavera pasada por la amplia orden ejecutiva de Trump dirigida a las normas de votación, la mayoría de la cual ha sido bloqueada por los tribunales. Cuando el Departamento de Justicia envió monitores electorales a centros de votación en Nueva Jersey y California en noviembre pasado, Bonta desplegó sus propios observadores en su estado como respuesta.
Pero los movimientos más recientes del presidente tienen a los fiscales intensificando sus preparativos para noviembre, dijeron cinco fiscales generales demócratas en entrevistas.
A principios de este mes, Trump pidió a los republicanos que “nacionalicen” la votación y sugirió que el gobierno federal debería intervenir en las operaciones electorales en ciudades predominantemente azules de estados disputados, como Atlanta, Detroit y Filadelfia — lugares que han sido centrales en sus teorías conspirativas electorales por años. Los republicanos en la Cámara aprobaron un conjunto de restricciones de votación y están preparando otro, aunque es poco probable que las medidas sean aprobadas por el Senado. Y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, generó alarmas entre los demócratas cuando dijo que su departamento trabaja para asegurar “que tengamos a las personas correctas votando, eligiendo a los líderes correctos.”
La retórica de Trump y sus aliados es el tipo de “alarma roja que la gente necesita tomar muy en serio,” dijo el Fiscal General de Washington, Nick Brown, quien lidera el grupo de trabajo de protección electoral de la Asociación de Fiscales Generales Demócratas.
“Él intentará cualquier cosa,” dijo Brown, así que “tenemos que pensar creativamente sobre: si fueras el presidente y trataras de invalidar o socavar una elección, ¿cuáles son las teorías extrañas, ridículas e inconstitucionales que podrías plantear?”
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió en un comunicado acusando a los demócratas de “conspirar para socavar los esfuerzos de integridad electoral con sentido común apoyados por una gran mayoría de estadounidenses” y argumentando que la ley existente le da al Departamento de Justicia “autoridad completa para asegurar que los estados cumplan con las leyes electorales federales, que exigen registros de votantes estatales precisos.”
“El presidente Trump está comprometido a asegurar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración de las elecciones, y eso incluye registros de votantes totalmente precisos y actualizados, libres de errores y de votantes no ciudadanos registrados ilegalmente,” dijo Jackson. “El Presidente también ha instado al Congreso a aprobar la Ley SAVE y otras propuestas legislativas que establecerían un estándar uniforme de identificación con foto para votar, prohibirían el voto por correo sin excusa y terminarían con la práctica de la recolección de papeletas para garantizar la seguridad de nuestras elecciones.”
Los fiscales generales demócratas han criticado la Ley SAVE como un ataque al derecho al voto y han urgido al Congreso a no aprobarla y otras medidas que Trump está impulsando.
También temen que la administración Trump pueda buscar intimidar a votantes legales enviando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los centros de votación.
El jefe de ICE, Todd Lyons, dijo en una audiencia congresional a principios de este mes que “no hay razón” para desplegar oficiales de ICE en instalaciones de votación. Pero el influyente MAGA Steve Bannon, un ex estratega de la Casa Blanca, está alentando al presidente a dar ese paso para evitar que no ciudadanos voten, a pesar de su rareza. También está instando a Trump a enviar tropas, alimentando aún más las preocupaciones de los demócratas.
Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Bannon durante una sesión informativa a principios de este mes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que aunque “no puede garantizar que un agente de ICE no esté cerca de un centro de votación en noviembre”, no había “escuchado al presidente discutir ningún plan formal para poner a ICE fuera de los centros de votación”, calificando la pregunta de “poco sincera”.
Los demócratas no están tranquilos.
“Si el presidente dijera, ‘Miren, quiero que mi gente de ICE proteja las elecciones americanas… vayan a todos estos centros de votación y se paren al frente con armas’, creo que lo harían,” dijo el Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, donde un aumento en la aplicación de inmigración a principios de este año resultó en dos muertes. “Y creo que todos debemos estar preparados para lidiar con ese problema.”
Varios fiscales generales demócratas dijeron que están particularmente alarmados después de que el FBI incautó registros de votación en el condado de Fulton, Georgia, basándose en una referencia de Kurt Olsen, un abogado que trabajó con Trump para socavar los resultados de las elecciones del 2020. Ahora se preparan para incautaciones similares en otros lugares que Trump ha atacado previamente por afirmaciones desacreditadas de fraude electoral.
Esas preocupaciones se intensifican en estados disputados con contiendas que podrían decidir el control del Congreso.
“Reconocemos que lo que pasó en el condado de Fulton podría pasar en Detroit.” “No es porque haya algún mérito en las afirmaciones de que algo malo pasó en Detroit, sino porque sabemos que esas acusaciones se volverán a hacer,” dijo la Fiscal General demócrata Dana Nessel de Michigan, un estado pendular.
“El presidente y su administración saben y entienden que los demócratas no ganan a nivel estatal en Michigan sin contar el voto de Detroit,” añadió. “Así que, claro, Trump quiere socavar en la mente de la gente la integridad de las elecciones en Detroit, aunque eso no a dado frutos cuando se ha investigado.”
Los demócratas en estados que dependen mucho del voto por correo también se preparan para un ataque al sistema electoral que Trump intenta eliminar, pero que operativos republicanos e incluso algunos republicanos en el Congreso apoyan como forma de mantener a los votantes comprometidos en años no presidenciales.
Les preocupa que Trump utilice el servicio postal como arma, ya sea bloqueando otra vez los fondos para la agencia o instalando aliados para relentizar operaciones. Y advirtieron que su empeño en invalidar boletas que se sellan el día de la elección pero llegan después podría privar del derecho al voto a personas en estados con períodos de gracia. La Corte Suprema considerará un caso sobre plazos de boletas el próximo mes.
Mientras tanto, los fiscales generales demócratas argumentarán la próxima semana en un tribunal de menor rango en una demanda multinacional que busca bloquear permanentemente partes de la orden ejecutiva de Trump — que incluye cortar las boletas por correo y requerir prueba documental de ciudadanía para el formulario nacional de registro de votantes — para que no entren en vigor.
El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, que codirige la demanda junto a Bonta, instó a sus colegas a “mantenerse ágiles.”
“A Trump le gusta sembrar caos porque cree que eso va a desconcertar a la gente,” dijo Ford. “Pero ha encontrado a su igual cuando se trata de la oficina del fiscal general de Nevada; ha encontrado a su igual cuando se trata de los fiscales generales demócratas.”
Elena Schneider contribuyó a este reportaje.