El ayuntamiento de Sa Pobla omitió informar a los residentes durante más de seis meses de que el agua de la red no era apta para el consumo humano, lo que ha motivado que la conselleria de Salud balear haya iniciado un procedimiento sancionador contra la administración local.
Una inspección realizada a finales de octubre de 2024 reveló que los niveles de nitratos en el agua potable del municipio superaban los 50 miligramos por litro –el límite legal para un consumo seguro. Pese a haber sido notificado formalmente de la infracción, el consistorio no emitió una advertencia pública hasta mayo de 2025.
Según la conselleria de Salud, la demora supuso una grave deficiencia en la comunicación y en el cumplimiento normativo. Los funcionarios señalaron que el ayuntamiento no cargó los análisis de la calidad del agua en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo durante varios meses, y que los registros históricos anteriores a 2024 habían desaparecido. Durante el período comprendido entre octubre y mayo, las autoridades fueron informadas de «incidencias en la red de abastecimiento», pero no se les proporcionaron «datos concretos» sobre la contaminación por nitratos.
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La conselleria de Salud ha iniciado, en consecuencia, un procedimiento administrativo sancionador contra el municipio.
Réplica del consistorio y rechazo político
En respuesta, las autoridades de Sa Pobla afirmaron que «desde diciembre, el agua del municipio es apta para consumo humano y cumple con los criterios sanitarios establecidos».
El alcalde, Biel Ferragut, defendió los esfuerzos continuados del consistorio para solventar las deficiencias en infraestructuras y monitorización. En una declaración incluida en el expediente, manifestó:
«El compromiso con la calidad del agua se mantiene, y los trabajos de mantenimiento y mejora serán sostenidos en el tiempo por nuestros servicios. Ahora sabemos que los esfuerzos han de ser mayores, abarcando desde la reparación de fugas y el mantenimiento de la planta hasta la monitorización constante.»
La controversia ha generado una fuerte crítica por parte de la oposición local. La portavoz del Partido Popular, Pedrona Seguí, reclamó una transparencia absoluta en la gestión del asunto, afirmando: «La ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles».
Subrayó, además, la gravedad de la situación, añadiendo: «Hablamos de salud pública; esto no es un asunto menor ni un simple desencuentro administrativo. Es un tema muy serio que afecta directamente a la confianza de la población en su ayuntamiento».
Aunque el consistorio insiste en que la calidad del agua cumple los estándares sanitarios desde diciembre, la demora de seis meses en informar formalmente a los vecinos ha suscitado una preocupación más amplia sobre la supervisión de la salud pública y la comunicación de crisis a nivel municipal.
Para muchos en Sa Pobla, la cuestión ya no versa únicamente sobre los niveles de nitratos. Se trata de confianza –en los sistemas de control, en la gobernanza local y en la celeridad con que se comparte información esencial cuando la salud pública puede estar en riesgo–.
Conforme avance el procedimiento administrativo, el escrutinio se centrará en si se cumplieron las obligaciones reglamentarias y si se han extraído las lecciones necesarias para evitar negligencias similares en el futuro.