Un juez federal ordena la intervención de la atención médica en las prisiones de Arizona tras años de condiciones inconstitucionales, lo que deja a las familias de los reclusos con esperanza cautelosa.
PHOENIX — Un juez federal ha ordenado la intervención judicial de los servicios de salud dentro de las prisiones de Arizona, retirando el control al estado después de años de supervisión judicial, sanciones y millones en multas. Esta decisión deja a algunas familias de Arizona con una esperanza cautelosa.
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La decisión sigue a 14 años de litigio sobre la atención médica y de salud mental proporcionada por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona. A pesar de más de una década de intervención judicial, la juez determinó que el sistema penitenciario continuaba brindando lo que ella describió como una atención médica y mental peligrosamente inconstitucional.
Bajo la orden, un interventor independiente tomará el control de las operaciones de salud penitenciaria.
Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU —uno de los grupos que representa a los reclusos en la demanda— dijo que la juez señaló que este tipo de medida es poco común.
"Se hace solo cuando se han agotado todas las otras opciones", afirmó.
Kendrick dijo que los demandantes volvieron repetidamente a los tribunales porque no veían mejoras.
"Seguíamos regresando a la corte porque la atención médica y de salud mental no mejoraban", explicó.
Supervisores judiciales documentaron fallos generalizados y sistémicos, incluyendo suicidios y muertes prevenibles, y peligrosas demoras en la atención de emergencias. También encontraron que el sistema tenía tan poco personal que las enfermeras a menudo debían brindar cuidados fuera de su ámbito legal de práctica.
Deanna Epperson, cuyo esposo está encarcelado en Arizona, dijo que lo ha visto luchar por recibir atención adecuada.
"Me frustra como esposa saber que mi marido está rogando por atención y no puede obtenerla", dijo Epperson.
Epperson contó que su esposo sufrió heridas graves tras ser agredido por otro interno.
"Su órbita ocular quedó destrozada. Aunque lo enviaron a atención externa, nunca le hicieron un escáner craneal, cuando deberían haberlo hecho porque fue un trauma craneal. Nunca lo recibió", relató.
A principios de esta semana, el departamento de correcciones se opuso a la moción de intervención judicial, calificando la toma de control como costosa y argumentando que el estado ha hecho mejoras significativas en los últimos dos años. El departamento dijo: "Un interventor no es la solución".
Kendrick señaló que un interventor tendría una autoridad más amplia para hacer cambios de la que actualmente tiene el estado bajo la ley de Arizona.
"Hay una ley estatal que, sabes, limita cuánto salario se puede pagar, o el proceso de contratación, y un interventor básicamente puede sortear mucho de esa burocracia y ser mucho más ágil y eficiente", explicó Kendrick.
Según la orden de la jueza, el estado y los abogados que representan a los prisioneros tienen 60 días para proponer candidatos para actuar como interventor y hacerse cargo de las operaciones de salud penitenciaria.
Epperson dijo que ella y otros seres queridos de los reclusos de Arizona esperarán para ver si esta medida trae un cambio real.
"Esperamos que marque una diferencia, y por lo menos por un tiempo, vamos a mantener la esperanza, pero también vamos a mantener los ojos y los oídos abiertos", dijo Epperson. "Así que estamos agradecidos, pero vigilantes."
Funcionarios del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona dijeron que no están de acuerdo con la decisión y dieron la siguiente declaración:
La Corte del Distrito de EE. UU. ordenó ayer el nombramiento de un interventor para supervisar todos los servicios de salud en las 9 prisiones estatales administradas por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona (ADCRR).
El Departamento discrepa firmemente de la decisión de la Corte, ya que ignora el inmenso progreso que se ha logrado. Apelaremos agresivamente esta orden.
En los últimos tres años, ADCRR ha realizado mejoras significativas y medibles en la prestación de servicios de salud y en la infraestructura en todos los complejos penitenciarios de Arizona. Ahora tenemos aproximadamente 1,340 empleados equivalentes de tiempo completo en el área de salud, en comparación con 841 en el momento de la orden judicial del 2022. Esto ha incluido médicos, enfermeras practicantes, asistentes médicos, personal de salud mental y otro personal sanitario adicionales. En total, el estado ha invertido $1,300 millones en servicios de salud para las prisiones en los últimos 3 años.
Se han introducido nuevos programas de salud mental, junto con camas expandidas para pacientes internos y necesidades especiales, y un modelo modernizado de atención intrahospitalaria dirigido por médicos de atención primaria. Ahora existen programas especializados para abordar el consumo de drogas y alcohol y el tratamiento de la hepatitis C.
Si bien reconocemos que aún no se ha logrado el cumplimiento total de la orden judicial, ADCRR mantiene su compromiso de demostrar una mejora continua. El Departamento cree que la reforma y supervisión continuas desde dentro del sistema correccional estatal ofrece el camino a seguir más efectivo.
Bajo la orden de intervención judicial de la Corte, el Estado de Arizona (y los trabajadores contribuyentes de Arizona) será responsable de pagar todos los costos del interventor designado por la Corte, incluidos cualquier nuevo requisito que el interventor pueda imponer al Departamento. Los demandantes han asesorado previamente a la Corte que el interventor designado por la Corte en las prisiones de California le cuesta al estado aproximadamente $3 millones anualmente, además del costo de los requisitos impuestos por el interventor, pero no proporcionaron un estimado para el costo en Arizona. El interventor de California ha estado en su lugar durante veinte años, y el interventor de Arizona tampoco tendría una fecha de finalización especificada.
El director del Departamento, Ryan Thornell, comentó que "si esta decisión se mantiene, un interventor exorbitantemente costoso e innecesario arriesga interrumpir el progreso significativo que hemos logrado en nuestras prisiones, todo sin un límite de tiempo para su autoridad. Apelaremos la decisión rápidamente mientras continuamos nuestro trabajo para cumplir con las órdenes de la Corte y operar un sistema penitenciario seguro y responsable".
ADCRR continuará informando al público mientras el estado revisa la decisión de la Corte y los próximos pasos.
La gobernadora Katie Hobbs compartió en X que está "profundamente decepcionada con esta decisión, que no reconoce los inmensos avances que el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona ha logrado en los últimos tres años".
Hobbs añadió: "Cuando asumí el cargo, heredé un sistema penitenciario plagado por una década de negligencia y mala gestión. La falta de personal y la falta de atención médica adecuada sobrecargaban nuestras instalaciones correccionales".
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