Irlanda está considerando la posibilidad de agilizar la concesión de la ciudadanía a extranjeros que sirvan en sus Fuerzas de Defensa, como parte de los esfuerzos por paliar los persistentes déficits de reclutamiento y reforzar el número de efectivos militares aprovechando su población inmigrante.
En 2024, la población registraba un saldo negativo, dado que Irlanda es tradicionalmente un país de emigrantes; sin embargo, en 2015 la tendencia se revirtió. En la actualidad, los inmigrantes en Irlanda suponen el 16% de la población, incluidos unos 888.000 procedentes de Ucrania y quienes ya han obtenido la nacionalidad irlandesa. Se estima que las personas nacidas en el extranjero constituyen aproximadamente un 25% de la población.
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La propuesta pretende incrementar los efectivos y la diversidad en las Fuerzas de Defensa
Este país orgullosamente neutral se ha fijado el ambicioso objetivo de expandir sus Fuerzas de Defensa, pasando de unos 7.500-7.750 efectivos a 11.500 para 2028. No obstante, el reclutamiento no será tarea fácil, pues funcionarios y grupos representativos califican dicha meta de cada vez más inalcanzable.
La agilización de la ciudadanía se basa en una recomendación del informe de 2022 de la Comisión sobre las Fuerzas de Defensa, que sugería facilitar el acceso a la ciudadanía como reconocimiento al compromiso de los miembros del servicio con el Estado irlandés. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa confirmó que la medida está siendo evaluada como parte del Plan de Implementación Detallado, cuya finalización se prevé para junio de 2026.
Actualmente, los extranjeros, incluidos refugiados, ciudadanos del EEE y quienes tengan al menos tres años de residencia legal continua, pueden alistarse sin poseer la ciudadanía irlandesa. Se dice que la fuerza ya cuenta con unos 250 miembros nacidos en el extranjero, principalmente del Reino Unido y Polonia, representando a más de 30 naciones. De adoptarse, esta política alinearía a Irlanda con precedentes de otros países:
- Estados Unidos permite a sus miembros solicitar la ciudadanía tras un año de servicio.
- Francia concede elegibilidad a los voluntarios de la Legión Extranjera tras tres años, o si resultan heridos en acto de servicio.
La crisis de reclutamiento impulsa subidas salariales y nuevos incentivos
Según se informa, las Fuerzas de Defensa enfrentan actualmente una baja moral y una crónica escasez de personal, recibiendo fuertes críticas de partidos de la oposición como Sinn Féin. Un portavoz del partido se quejó anteriormente de una moral “espantosamente baja” entre los miembros de a pie y acusó al gobierno de negligencia.
Para contrarrestarlo, el gobierno ha aprobado un presupuesto récord de 1.350 millones de euros y ha elevado el salario inicial de un soldado raso entrenado a más de 40.000 euros. A pesar de estas medidas, muchos consideran que estos objetivos siguen siendo optimistas.
La propuesta refleja la evolución demográfica de Irlanda. Antaño una nación de emigración masiva, el país registra ahora grandes influxos, con un aumento de la inmigración no comunitaria y de las solicitudes de asilo. La migración neta ha promediado alrededor de 72.000 anuales en los últimos años, lo que llevó al gobierno a introducir controles migratorios más estrictos a finales de 2023. El Ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, afirmó que la población creció un 1,6% solo en 2025, unas siete veces el promedio de la UE, calificando el ritmo de “preocupante”, aunque reconociendo aspectos positivos en el crecimiento.
Contexto más amplio de los debates sobre inmigración y seguridad
Aunque el incentivo de reclutamiento militar se enmarca como una respuesta práctica a las necesidades de personal, los rápidos cambios poblacionales de Irlanda han generado debates y tensiones ocasionales. Incidentes como las protestas antinmigración en Dublín ponen de relieve preocupaciones localizadas.
Este posible cambio de política podría ayudar a atraer a más reclutas de las crecientes comunidades inmigrantes de Irlanda, al tiempo que recompensaría el servicio al Estado. El resultado de la evaluación de junio de 2026 determinará si se agiliza la ciudadanía para quienes realmente la desean, demostrándolo mediante una de las elecciones profesionales potencialmente más peligrosas.