La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando a los agentes los criterios de actuación tras detectar un incremento del 60% en las denuncias por presunta pérdida de pasaporte interpuestas por extranjeros que pretenderían beneficiarse de la regularización extraordinaria de migrantes. Ha recomendado que los funcionarios de las oficinas que tramitan estos procedimientos procedan a una ‘identificación plena’ del denunciante, incluyendo la verificación de su situación administrativa en España.
En el oficio fechado el 10 de febrero, publicado por *El Español* y al que tuvo acceso Europa Press, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras advierte de que ‘este tipo de denuncias se ha incrementado en aproximadamente un 60%’. Concreta que las nacionalidades ‘con mayor incidencia’ son, por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, con un incremento del 114%; y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, solo el incremento porcentual.
Los cuerpos policiales señalan que este aumento se ha detectado al cotejar las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con las de 2025, lo que coincide con el anuncio gubernamental –tras el acuerdo con Podemos– de regularizar la situación de al menos medio millón de extranjeros que acrediten una residencia mínima de cinco meses con anterioridad al 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.
«Tras la publicación el 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontrasen en situación irregular en nuestro país a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha producido un incremento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaportes) por parte de nacionales extranjeros completamente indocumentados», explicaba la Policía Nacional.
El documento es un oficio titulado ‘difusión de alerta y criterios básicos de actuación policial, relativos al incremento de denuncias por pérdida/extravió o sustracción de documentación por nacionales extranjeros indocumentados’. Diversos sindicatos de la Policía Nacional reaccionaron al anuncio de la regularización mostrando su desacuerdo con lo que consideran una medida movida por el ‘cálculo político’, alegando que se llevará a cabo ‘sin refuerzos y poniendo en riesgo la seguridad’.
Las organizaciones sindicales alertaron del ‘efecto llamada’ y de que podría propiciar ‘fraudes por pasaporte perdido‘, además de suponer un ‘salvavidas para las mafias dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilegal’. La información de que dispone la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sugiere que, en el contexto de un posible proceso de regularización extraordinaria, la práctica de alegar la pérdida del pasaporte podría emplearse ‘para hallar un modo de acreditar la presencia en territorio español durante el período amparado por el procedimiento de regularización excepcional’.
La policía añade que las actuaciones de algunos agentes, que han realizado identificaciones plenas de los extranjeros en estas circunstancias, han permitido constatar que en numerosos casos existían ‘antecedentes policiales y/o penales en España y/u otros países’. También se han detectado falsedades mediante el uso de ‘identidades distintas a la denunciada’, así como ‘resoluciones administrativas en materia de extranjería aún vigentes’.
Por ello, la Comisaría General ha recomendado que cuando un extranjero indocumentado se persone en una ODAC o comisaría para denunciar la pérdida o robo de su pasaporte o documento de identidad, ‘se proceda a su identificación plena y se verifique su situación administrativa en España’, todo ello sin perjuicio de recepcionar la denuncia pertinente.
El 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para realizar un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros ya presentes en España. El objetivo, según el Gobierno, es ofrecer a este colectivo la oportunidad ‘de vivir con plenos derechos’, además de responder a ‘una realidad existente en nuestras calles que incide en la convivencia, el bienestar y la economía’.
El proceso está dirigido a nacionales extranjeros que lleven en España al menos cinco meses con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su petición antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.