El Gobierno español planteó este martes la creación de una prestación universal por hijo a cargo para erradicar la pobreza infantil, una ayuda de 200 euros mensuales que, de aprobarse la medida, estaría disponible para todas las familias.
El Ejecutivo ha aprobado los objetivos actualizados de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye dicha asignación universal para todas las familias con menores, con el fin de eliminar la pobreza infantil más severa para ese año.
Asimismo, se pretende combatir problemáticas como el acceso a la vivienda y la brecha salarial de género.
Esta es la primera vez que el Gobierno incorpora esta prestación universal por hijo en una estrategia nacional.
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La meta final es otorgar una ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros anuales) por cada menor de 18 años, para aliviar la carga económica familiar, incentivar la natalidad y reducir la pobreza infantil.
Según estimaciones del Ministerio de Consumo, este apoyo financiero reduciría la pobreza infantil en un 50% y, en el 50% restante, disminuiría su severidad en un 40%.
La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que más de un tercio de la población española menor de 16 años está en riesgo de pobreza, la tasa más alta de la última década.
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En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó su deseo de que esta medida pueda “implementarse lo antes posible”.
“La pobreza infantil se mantiene en niveles muy elevados”, subrayó, indicando que la mejor forma de erradicarla es mediante una prestación como “la que ya existe en 17 países de la Unión Europea”, añadió.
Según UNICEF, entre los países que ya cuentan con una ayuda similar figuran Austria, Hungría, Eslovenia y Letonia.
La organización afirma que las prestaciones por hijo sacan de la vulnerabilidad a más de 270.000 niños y adolescentes cuando la ayuda es de 100 euros mensuales.
Duplicar esa cantidad, como exige el socio de coalición Sumar, supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de menores en el país (unos 530.000).
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Esto es solo parte de la nueva estrategia de desarrollo sostenible elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que consta de 100 medidas para fortalecer el Estado de bienestar y orientar las políticas públicas.
El gobierno de coalición de izquierdas no ha logrado sacar adelante sus presupuestos en los últimos tres años, por lo que la implantación de esta ayuda universal dista aún de ser una realidad.
El anteproyecto, de convertirse en ley, también impulsaría el cumplimiento de la Garantía Infantil Europea —un programa más amplio contra la exclusión social de menores— y la extensión del apoyo a la infancia al ya existente Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En la UE, 19 de los 27 estados miembros contaban con una prestación universal por hijo en 2024, aunque con importes dispares.
Otro objetivo clave de la Estrategia es mejorar el acceso a la vivienda. Para ello, se triplicará la inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años.
El ministro Bustinduy ha calificado en repetidas ocasiones la falta de esta medida en España como una “anomalía”.
España es el estado miembro de la UE con menor capacidad para reducir la pobreza infantil a través de ayudas, ha destacado UNICEF. La organización ha criticado que España solo invierte un 1,5% del PIB en protección social a la infancia y familias, frente al promedio europeo del 2,4%.