Supuestos pagos para aprobar vehículos en mal estado. Crédito: La fabrica de nubes / Creative Commons
La Guardia Civil investiga un presunto fraude en el que estarían implicados seis empleados de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) de Ondara, en la provincia de Alicante, y un agente de dicho cuerpo, arrestado hace un par de meses.
La ITV (Inspección Técnica de Vehículos) es la prueba obligatoria de aptitud para circular en España, análoga a la MOT británica. Sin su aprobación, los vehículos no pueden transitar legalmente.
Supuestos pagos para aprobar vehículos en mal estado
Según fuentes próximas a la investigación, los sospechosos habrían aceptado dinero a cambio de aprobar vehículos en malas condiciones que no debían haber superado la revisión. La conexión saldría a la luz tras analizar grabaciones de audio extraídas del teléfono del agente arrestado a finales del año pasado, donde supuestamente se mencionaba a los trabajadores.
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Como resultado, el lunes 2 de febrero, efectivos de la Guardia Civil se presentaron en la ITV de Ondara y detuvieron a seis de sus ocho empleados. La operación provocó largas colas y retrasos considerables en las instalaciones durante toda la jornada. Tras declarar, los seis quedaron en libertad con cargos.
Posibles delitos aún bajo investigación
Se les investiga por presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. No se descartan otras imputaciones, como integración en organización criminal y corrupción en el sector privado, en función de las pesquisas.
Mientras, Sitval, la empresa valenciana que gestiona la estación, ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos. Los empleados niegan rotundamente su implicación, afirmando no conocer al agente arrestado. El director de Sitval, Javier López Mora, se desplazó a Ondara el lunes para reunirse con ellos.
Preocupación por el riesgo para la seguridad vial
La investigación continúa, centrándose ahora en identificar los vehículos que pudieron ser aprobados fraudulentamente y que podrían circular en condiciones inseguras. No se han facilitado más detalles por el momento.
Contextualizando el caso de Ondara, en los últimos años se han producido operaciones similares en distintas partes de España. En varias provincias se han desarticulado redes en las que inspectores o intermediarios aceptaban pagos para aprobar vehículos con deficiencias graves, como frenos defectuosos o problemas estructurales.
Patrones recurrentes en los casos de fraude
Estos casos han generado inquietud sobre la seguridad vial y la integridad del sistema. Un patrón común es la intervención de intermediarios, como mecánicos o vendedores, que actúan de enlace entre conductores e inspectores corruptos. A cambio de una cantidad, se presentan como aptos vehículos que deberían haber sido rechazados.
Las autoridades insisten en que la ITV es un pilar fundamental de la seguridad vial. Tras escándalos anteriores, las comunidades autónomas y los operadores han reforzado los controles internos, incrementado las inspecciones aleatorias y endurecido las medidas disciplinarias.
Advertencia sobre las graves consecuencias
A pesar de ello, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales siguen realizando investigaciones, advirtiendo de que cualquier manipulación en las inspecciones puede acarrear consecuencias graves para los conductores y el resto de usuarios de la vía.