Crónica de un desgobierno: El frío que desvela años de negligencia municipal
Resulta sencillamente escandaloso que los niños del Colegio de Educación Infantil y Primaria Playas de Orihuela lleven más de cuatro meses soportando aulas gélidas mientras el Ayuntamiento permanece cruzado de brazos.
Lo que comenzó como una simple avería en la calefacción se ha convertido en un escándalo de proporciones mayúsculas, dejando al descubierto años de negligencia, desidia y un caos administrativo sistémico en el consistorio oriolano.
Los alumnos del CEIP Playas de Orihuela sufren temperaturas bajo cero en sus clases desde hace más de cuatro meses, después de que el ayuntamiento fracasara —durante casi ocho años— en regularizar el suministro de gas del centro.
El origen de esta crisis se remonta a 2017, cuando el colegio se inauguró en su ubicación actual, tras funcionar durante dieciséis años en módulos prefabricados. Desde el primer día, el edificio estuvo conectado de manera irregular e ilegal a una línea de gas de obra, un hecho que pasó desapercibido para el ayuntamiento año tras año. Sin inspecciones, sin seguimiento, sin medidas correctivas.
Fue la compañía suministradora quien, recientemente, descubrió la anomalía. La consecuencia fue una bomba: una factura de 200.000 euros por ocho años de consumo no facturado, presentada directamente al Ayuntamiento.
De la noche a la mañana, el consistorio se enfrentó a una deuda millonaria, un corte en el suministro y un colegio sin calefacción, todo ello por un problema de su propia creación.
Las consecuencias han sido graves. Las aulas han permanecido sin calefacción durante más de 120 días consecutivos, a lo que se suma una caldera averiada desde marzo de 2024 —otro problema ignorado durante meses. Pese a las evidentes señales de alarma, el ayuntamiento no contaba con un contrato de mantenimiento, ni con un plan de contingencia, ni con un sistema alternativo listo antes de la llegada del invierno.
Con el descenso de las temperaturas, el ayuntamiento aprobó a toda prisa un contrato temporal de suministro de gasóleo para dieciséis colegios públicos. Sin embargo, el Playas de Orihuela —el primer centro en dar la voz de alarma— quedó excluido de las medidas de emergencia. La razón resultó tan absurda como reveladora: su sistema funcionaba con gas, no con gasóleo, por lo que quedó fuera de una solución improvisada.
En la práctica, el colegio fue abandonado porque sus problemas de infraestructura eran demasiado complejos —y demasiado bochornosos— para que el ayuntamiento los resolviera con celeridad.
Las familias, el profesorado y el personal no tuvieron más remedio que tomar la iniciativa. Comenzaron protestas diarias para visibilizar los 127 días sin calefacción. Los padres recaudaron fondos para comprar estufas eléctricas, una medida extrema en el sistema público que evidencia la magnitud del fracaso municipal.
Mientras, la parálisis burocrática continuaba. La Asociación de Padres y Madres aguarda desde principios de enero una autorización para financiar ellos mismos equipos de climatización temporal, sin que la Concejalía de Educación haya respondido. Para muchas familias, este silencio ha sido tan irritante como el frío.
Ahora se suceden las investigaciones. La Conselleria de Educación ha abierto un expediente informativo, mientras el Síndic de Greuges ha iniciado una actuación de oficio exigiendo explicaciones a las administraciones implicadas. Los partidos de la oposición han ido más allá, denunciando negligencia grave, incompetencia crónica y un abandono flagrante de funciones.
No se trata de mala suerte o imprevistos. La conexión ilegal data de 2017. La caldera lleva rota desde marzo de 2024. El invierno no llegó por sorpresa. Y, en ningún momento, el ayuntamiento actuó con decisión, planificó o asumió responsabilidades.
Un servicio público básico —la calefacción en un colegio con niños de tres años— ha colapsado tras años de inacción por parte de una sucesión de concejales y técnicos municipales.
El resultado es un escándalo que plantea serias dudas sobre la supervisión, la rendición de cuentas y la gobernanza en el Ayuntamiento de Orihuela. Mientras los responsables negocian deudas y diluyen culpas, son los escolares quienes siguen pagando el precio, tiritando en aulas que nunca debieron haber sido abandonadas a tal suerte.
DE LA REDACCIÓN
La incompetencia municipal hiela a los niños
Es sencillamente escandaloso que los niños del CEIP Playas de Orihuela lleven más de cuatro meses en aulas heladas mientras el Ayuntamiento no hace nada. Una deuda de 200.000 euros en gas, una caldera rota desde marzo de 2024, sin contrato de mantenimiento y sin plan B: no son meros despistes. Son síntomas de una dejadez sistémica.
Incluso cuando los termómetros cayeron en picado, el ayuntamiento aprovisionó a otros centros, pero dejó al Playas de Orihuela —precisamente el que dio la alarma— fuera del reparto. Las familias se vieron obligadas a comprar estufas y a protestar a diario para proteger la salud de sus hijos.
Esto va más allá de la torpeza burocrática. Es negligencia grave. El concejal de Educación, Vicente Pina, ha presidido una crisis evitable que ha puesto en riesgo a los niños. Por el bien de la comunidad educativa, debe ser cesado de inmediato. Cualquier cosa menos sería una traición a todos los niños de Orihuela.