Un organismo de vigilancia de la comunidad de inteligencia a entregado una denuncia de un informante altamente clasificada que incluye una alegación de mala conducta por parte de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, a los principales líderes del Congreso. Esto sucede tras meses de retraso debido a disputas sobre clasificación, un cierre del gobierno y cambios de liderazgo en la oficina de Gabbard, según supo CBS News.
Archivo: La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en la Casa Blanca, 23 de octubre de 2025.
Alex Wong / Getty Images
En una carta del 2 de febrero a los líderes de los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado, el Inspector General de la comunidad de inteligencia, Christopher Fox, dijo que recibió la aprobación final el 30 de enero de Gabbard para compartir el material con un pequeño grupo de legisladores. La denuncia se había presentado originalmente ocho meses antes, el 21 de mayo de 2025.
Según la carta de Fox, etiquetada como aprobada para difusión pública el 3 de febrero y obtenida por CBS News, la denuncia fue “cerrada administrativamente” por la oficina del Inspector General en junio de 2025, bajo un liderazgo anterior, y no se tomaron más pasos investigativos. Fox dijo que este hecho debilita la idea de que el asunto era una “preocupación urgente” que requería notificación inmediata al Congreso.
“[S]i el mismo o un asunto similar llegara a mí hoy, probablemente determinaría que las alegaciones no cumplen con la definición legal de ‘preocupación urgente'”, escribió Fox.
Fox entregó personalmente la denuncia altamente clasificada al Congreso el lunes por la noche, según un portavoz de su oficina. Varios miembros y personal del “Gang of Eight” revisaron la denuncia con la condición de “leer y devolver”. También recibieron copias de los memorandos de determinación original y suplementario de la ex Inspector General interina, Tamara Johnson.
La denuncia del informante, presentada en mayo pasado por un empleado de la comunidad de inteligencia, alegaba que un informe altamente clasificado fue limitado en su distribución por razones políticas. También alegaba que la oficina legal de una agencia de inteligencia no refirió un posible crimen al Departamento de Justicia, nuevamente por razones políticas, según la carta de Fox.
La entrega de la denuncia ocurre un día después de que reportes de noticias revelaran su existencia, primero detallada por The Wall Street Journal. La noticia del estancamiento generó preguntas inmediatas sobre si consideraciones políticas retrasaron la acción y evitaron la supervisión de una denuncia legalmente protegida que involucra a la principal funcionaria de inteligencia del país.
En una declaración, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Rick Crawford, republicano de Arkansas, dijo que él y el miembro de mayor rango, Jim Himes, junto con su personal, revisaron la denuncia.
“Después de hacerlo, coincido con la conclusión a la que llegó la Inspector General de la era de Biden, Tamara Johnson, sobre la naturaleza no creíble de la denuncia, y con la revisión que el actual Inspector General, Chris Fox, realizó, llegando a la misma conclusión”, dijo Crawford. “La posterior tormenta mediática—alimentada por especulación y pocos hechos—fue un intento de difamar a la Directora Gabbard y a la Administración Trump.”
Hablando antes a la prensa, el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, dijo que revisaría la denuncia “inminentemente” y criticó a Gabbard por el retraso de meses.
Rachel Cohen, portavoz de la oficina de Warner, añadió: “Esta línea de tiempo deja claro que la Directora Gabbard no comprende las obligaciones básicas de su cargo – el resultado predecible de colocar a alguien fuera de su profundidad en uno de los puestos más sensibles de la nación.”
“Durante su audiencia de confirmación, la Directora Gabbard prometió bajo juramento proteger a los informantes y respetar el rol de supervisión del Congreso, compromisos que vienen con este cargo lo entienda ella o no”, dijo.
Portavoces de Himes y del presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, declinaron comentar.
Fox, nominado por el presidente Trump y quien anteriormente fue asistente de Gabbard, fue confirmado por el Senado controlado por republicanos en una votación de 51-47 a fines de octubre. Su predecesora, Tamara Johnson, era una funcionaria de carrera que se desempeñó como Inspector General interina durante la administración Biden. Ella todavía trabaja en la oficina del Inspector General.
Cuando se presentó la denuncia, Johnson determinó que esta cumplía con la definición legal de “preocupación urgente” si las alegaciones eran ciertas, pero dijo que no podía determinar si eran creíbles.
Esa determinación le dio al informante el derecho bajo la ley federal de llevar la denuncia directamente al Congreso.
Tres días después, tras recibir información adicional, Johnson emitió un memo de seguimiento concluyendo que la primera alegación no era creíble y que aún no podía evaluar la segunda. (Este hallazgo posterior no cambió el derecho legal del informante de notificar al Congreso).
Según la línea de tiempo que Fox expuso en la carta, la denuncia estuvo estancada por meses mientras su oficina buscaba autorización para que funcionarios legales dentro de la ODNI pudieran ver el material altamente clasificado. Otras razones del retraso, escribió, incluyeron lo que llamó “complejidad en la clasificación”, un cierre del gobierno de 43 días que comenzó el 1 de octubre de 2025, y cambios de liderazgo en la ODNI.
Después de acceder a la denuncia a fines de octubre, Fox dijo que se vio retrasado por problemas de autorización para discutirla con el principal abogado de la ODNI, Jack Dever, quien no pudo ver la denuncia hasta el 1 de diciembre.
El 4 de diciembre, Fox y Dever plantearon el asunto directamente con Gabbard. Según la carta, Gabbard dijo en ese momento que no se le había informado antes que estaba pendiente la autorización para compartir la denuncia con el Congreso, pero que la proporcionaría lo antes posible. Más tarde ese día, Dever indicó que la autorización estaba por llegar, “pendiente de una revisión por el Consejo de la Casa Blanca por una posible invocación de privilegio ejecutivo.”
Casi dos meses después, el 30 de enero, llegó la autorización de seguridad de la DNI, según la carta de Fox.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Fox enfatizó que la información de inteligencia subyacente a la denuncia es excepcionalmente sensible.
El declaró que solo un caso anterior de denunciante, en 2020, requirió una entrega tan estrictamente controlada al Congreso, y que la información en cuestión normalmente se compartiría solo mediante sesiones informativas orales con los líderes principales del Congreso.
El martes, antes de que surgiera la noticia de que la queja había sido entregada, el abogado del denunciante, Andrew Bakaj, dijo a CBS News que la ODNI la había estado reteniendo del Congreso sin explicación.
“Si esto fue difícil inicialmente para llegar a los miembros del congreso, todo lo que tenía que hacerse era que alguien levantara el teléfono, alertara al Congreso que, ‘Oye, tenemos algo que viene hacia ustedes. Estamos intentando averiguar cómo entregárselo debido a, ya sabes, algunas complejidades'”.
“Pero el proceso puede avanzar. Sí avansa. No toma ocho meses llevar algo así al Congreso”, dijo.
Lea la carta completa aquí:
Carta del inspector general de la comunidad de inteligencia compartida con el Congreso