El Ingreso Mínimo Vital alcanza ya a casi 2,44 millones de personas en alrededor de 800.000 hogares. Crédito fotográfico: Viktoriyani/shutterstock
La Seguridad Social ha confirmado que los jóvenes de 23 años o más que residan con sus padres ya pueden ser elegibles para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la principal medida de renta mínima del Gobierno diseñada para proteger a la ciudadanía de la pobreza y la exclusión social. Este cambio refleja una evolución en la política dirigida a abordar la vulnerabilidad económica de la población más joven y el alto coste de la vida en España.
El IMV, instaurado en 2020, garantiza un nivel mínimo de renta a los hogares que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En 2026, la prestación ha sido revalorizada en un 11,4 % por encima de la inflación para reforzar su impacto, ascendiendo la cuantía media a aproximadamente 540 euros mensuales por beneficiario.
Qué ha cambiado para los jóvenes
Anteriormente, la elegibilidad para el IMV se centraba principalmente en hogares e individuos que vivían de forma independiente o constituían una “unidad de convivencia” separada. No obstante, las recientes aclaraciones de la Seguridad Social permiten ahora que las personas de 23 años o más soliciten la prestación incluso si residen con sus progenitores, siempre que no estén integradas en la unidad económica de ese hogar.
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Según la interpretación actualizada, los solicitantes de entre 23 y 30 años deben demostrar que, a pesar de compartir vivienda con sus padres, no forman parte de la misma unidad económica. Esta distinción es crucial y se basa en factores como el estado civil, los ingresos, la historial laboral y la independencia residencial previa a la solicitud.
Por ejemplo, las directrices de la Seguridad Social indican que pueden considerarse beneficiarios independientes aquellos jóvenes que hayan vivido de forma autónoma al menos dos años antes de solicitar el IMV, o quienes no formen parte del mismo hogar en términos económicos. Los solicitantes también deben cumplir los requisitos de residencia legal y no superar ciertos umbrales de ingresos y patrimonio.
Para las personas de 31 años o más, los criterios son similares, pero se centran en haber vivido separados de sus padres durante al menos un año, salvo que concurran circunstancias excepcionales.
Fundamento oficial de la ampliación
Los responsables gubernamentales sostienen que el cambio pretende brindar un mejor apoyo a los adultos jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, en particular a quienes residen con sus padres por necesidad financiera y no por elección. El alto coste de la vivienda, los salarios estancados y la inestabilidad laboral han dificultado que muchos jóvenes logren la independencia económica, una dinámica que, según los críticos de la normativa anterior, limitaba injustamente su acceso a las redes de protección social.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV alcanza ya a casi 2,44 millones de personas en alrededor de 800.000 hogares, siendo una parte significativa de los beneficiarios niños y adolescentes. Los jóvenes adultos constituyen un segmento importante y creciente de los perceptores, con una edad media en torno a los 28 años.
El Gobierno ha subrayado que la política no pretende desincentivar la independencia, sino proporcionar una red de seguridad a quienes se encuentran en una situación de necesidad económica genuina, permitiéndoles cubrir gastos básicos mientras cursan estudios o buscan oportunidades laborales.
Qué implica para los residentes
1. Apoya a los jóvenes adultos con dificultades económicas
Permitir que las personas de 23 a 30 años puedan acceder al IMV mientras viven con sus padres reconoce la realidad económica actual en España. Los datos estadísticos nacionales muestran que muchos jóvenes adultos prolongan su estancia en el hogar familiar debido a los elevados precios del alquiler y a las condiciones laborales adversas. Con este cambio normativo, las personas legalmente adultas que carecen de ingresos o ahorros suficientes tienen ahora acceso a una prestación que puede proporcionarles un alivio financiero mensual.
2. Podría reducir el estrés financiero inmediato
Para los jóvenes sin empleo estable o que enfrentan desempleo temporal, el IMV puede ofrecer un apoyo esencial para necesidades básicas como alimentación, suministros y transporte. Ser elegible mientras se reside en el hogar parental elimina una barrera que anteriormente obligaba a algunas personas a buscar una vida independiente antes de recibir ayuda, un requisito a menudo económicamente inviable.
3. Clarifica las normas sobre hogares y unidades económicas
La política subraya la importancia de cómo se determina la *unidad de convivencia*, la definición económica de un hogar. Las personas pueden residir en un hogar sin formar parte de la misma unidad económica si no comparten finanzas, no están casadas y no constituyen una unidad familiar a efectos fiscales o de Seguridad Social. Esto abre un camino para solicitantes que, de otro modo, podrían haber sido excluidos únicamente por su domicilio.
4. Impacto en el panorama general de protección social
La ampliación tiene implicaciones más amplias para la red de seguridad social española. A medida que evolucionan los desafíos demográficos y económicos, los responsables políticos ajustan los criterios de elegibilidad para abordar las lagunas en el apoyo. Tanto para las familias como para los jóvenes adultos, el IMV desempeña un papel clave en la mitigación de la pobreza y la garantía de una seguridad económica básica.
Bases de la elegibilidad y cómo solicitarlo
En general, para ser elegible para el IMV, ya sea viviendo solo o en familia, los solicitantes deben cumplir ciertos umbrales de ingresos y patrimonio, acreditar residencia legal en España y cumplir otros requisitos definidos por la Seguridad Social. El nivel de ayuda se calcula en función de la diferencia entre un ingreso mínimo garantizado y los ingresos reales del solicitante.
Las solicitudes pueden realizarse en línea a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o presencialmente en las oficinas designadas. Una vez aprobadas, los pagos se efectúan mensualmente, y se realizan revisiones periódicas de la elegibilidad para verificar la persistencia de la necesidad.
La reciente aclaración de la Seguridad Social española sobre que los jóvenes adultos pueden recibir el Ingreso Mínimo Vital incluso residiendo con sus padres representa una expansión significativa del marco de bienestar social del país. Al reconocer los obstáculos económicos que enfrentan las generaciones más jóvenes y ajustar las normas en consecuencia, España pretende ofrecer un apoyo más inclusivo a quienes se hallan en situaciones económicas vulnerables. El impacto de este cambio será observado detenidamente por responsables políticos, colectivos sociales y familias a medida se despliegue a lo largo de 2026 y en el futuro.