Cerca de 850 propietarios construyeron villas en suelo rústico en Mallorca entre 2021 y 2024. La cifra, presentada la semana pasada por el colectivo ecologista Terraferida, ha reavivado el debate sobre la construcción en el campo mallorquín. Según la legislación vigente, edificar viviendas unifamiliares en terrenos rústicos de la isla está permitido. Mientras el marco legal lo autorize, los propietarios deberían tener libertad para construir en el ámbito rural. Una sociedad regida por el estado de derecho no puede negar selectivamente libertades que ella misma ha otorgado.
No obstante, la crítica de Terraferida está bien fundamentada. La proliferación de villas en suelo rústico invade áreas agrícolas y desplaza explotaciones que prestan servicios esenciales a la población. Los nuevos usos —como piscinas o campos de golf privados— consumen ingentes cantidades de agua y contribuyen a la contaminación de acuíferos mediante aguas residuales. Se impermeabiliza el suelo, se asfaltan caminos, se bloquean vías históricas. El efecto acumulativo es un incremento en los precios de la vivienda y del consumo.
Aún así, la libertad individual merece respeto. En lugar de recurrir a prohibiciones tajantes, debería exigirse responsabilidad a quienes optan por construir, fomentando que traten el territorio mallorquín con cuidado y mesura. Un cambio logrado mediante la concienciación voluntaria es, en última instancia, más sostenible que un cambio impuesto por decreto.
Los excesos lesivos para el medio ambiente —como la construcción de un campo de golf privado— son innecesarios. El caso destapado por Terraferida en Llucmajor es emblemático. Incluso aquí, sin embargo, el objetivo debería ser hacer que los responsables sean plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos, propiciando una reflexión en vez de imponer prohibiciones genéricas.
Por ello, la petición de Terraferida de una moratoria inmediata para toda construcción en suelo rústico resulta desmesurada. Una campaña de sensibilización pública, específica y que subraye los costes ecológicos de edificar en el campo, constituiría una respuesta más equilibrada. Preservaría las legítimas preocupaciones ambientales sin menoscabar las libertades legítimas de los propietarios.