Los sindicatos han advertido de que la regularización propuesta por España de más de medio millón de migrantes en situación irregular podría "colapsar" las oficinas de extranjería del país, lo que probablemente tendría un efecto dominó y ralentizaría los tiempos de tramitación para los extranjeros en general.
La regularización general de hasta 800,000 migrantes sin papeles, propuesta por el gobierno español, podría “colapsar” las oficinas de extranjería y alargar considerablemente los plazos de resolución de solicitudes de residencia en 2026, según han alertado los sindicatos.
Tras la decisión gubernamental de regularizar a migrantes en situación administrativa irregular, los funcionarios de extranjería y los sindicatos policiales han señalado que no cuentan con la capacidad para afrontar la avalancha.
El sindicato CCOO ha subrayado que los recursos ya son escasos y que el personal de estos servicios se encuentra entre los peor remunerados de la Administración, enfrentándose ahora a una tarea descomunal en un plazo muy breve.
César José Pérez, responsable estatal de extranjería de CCOO, ha cuestionado por qué el gobierno impulsó el real decreto sin consultar a los sindicatos, alegando que no se informó a los trabajadores.
“Nos enteramos por los medios. Sabemos que hubo una reunión con el Ministerio de Hacienda, pero a nosotros no se nos ha dicho nada”, afirmó Pérez, añadiendo que “necesitamos conocer qué medidas piensan implantar y cómo, porque de lo contrario no hay posibilidad de culminar el proceso”.
Los sindicatos están revisando el texto y ya han solicitado una reunión con el Ministerio para exigir explicaciones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que todas las solicitudes deberán tramitarse en solo tres meses, estableciendo un plazo desde “principios de abril, todas las solicitudes podrán tramitarse de facto, hasta el 30 de junio, con garantías, de forma ágil y eficiente”.
No obstante, la capacidad operativa de las oficinas de extranjería podría hacer esto inviable. Según Pérez, estas unidades cuentan actualmente con alrededor de 2,100 puestos, pero solo 1,600 están operativos.
Con la plantilla actual, cada funcionario tendría que tramitar más de 312 solicitudes para alcanzar la cifra de medio millón de regularizaciones, una cifra que algunos *think tanks* elevan a 800,000. En consecuencia, la reforma amenaza con “colapsar las oficinas de extranjería. Esto las va a reventar”, advirtió Pérez.
El líder sindical también sugirió que debe realizarse una planificación más adecuada o el sindicato podría verse forzado a emprender acciones de protesta.
Los sindicatos policiales también han expresado su inquietud. Los sindicatos SUP, Jupol y CEP han alertado del riesgo de colapso en los servicios de extranjería, lo que podría tener un “impacto operativo y funcional” en cascada sobre las unidades de inmigración y fronteras en general.
El personal de las oficinas de extranjería realizó huelgas por todo el país en 2025 para protestar por la mayor carga de trabajo derivada de la reforma de la Ley de Extranjería del pasado mayo.
Los funcionarios declararon sentirse “desbordados” por el enorme incremento de solicitudes y que sus oficinas tienen una gran falta de personal, sin que se hayan contratado suficientes funcionarios adicionales tras las reformas migratorias.
Para los residentes extranjeros en España, esto se ha traducido en tiempos de espera más largos para conseguir una cita previa, un sistema que además ha sido pirateado por grupos criminales que utilizan *bots* para acaparar todas las citas y luego venderlas a solicitantes desesperados.