Una vez que se apruebe definitivamente el texto legislativo para la regularización masiva de la situación de los inmigrantes en España, el Gobierno Balear ha señalado su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo.
La delegación del Gobierno de España en Baleares estima que esta regularización podría afectar a unos 10.800 inmigrantes en el archipiélago. La cifra final podría ser superior, dado que el cálculo se basa en los expedientes actualmente en trámite.
Según la propuesta anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, podrán acogerse a ella aquellos inmigrantes que acrediten una residencia mínima de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, o que hayan solicitado protección internacional, siempre que carezcan de antecedentes penales. Esta autorización les permitirá obtener un permiso de trabajo. Transcurrido un año, los solicitantes deberán someterse al procedimiento migratorio ordinario.
“Baleares empleará todos los instrumentos a su alcance para rechazar la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno central”, insiste el ejecutivo de Prohens, haciéndose eco de las declaraciones del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien el jueves anticipó un probable litigio. Vox, por su parte, ha anunciado que acudirá a los tribunales para solicitar la suspensión cautelar de la medida.
La presidenta Prohens declaró el jueves: “La residencia no puede regalarse ni utilizarse como pretexto para una política partidista de corto alcance”. En su opinión, la medida es “oportunista” y busca encubrir el “caos” en la política ferroviaria.
En el pasado ya se han producido procesos de regularización similares, pero Prohens considera que este se implementará de un modo “nunca visto”. Calificó de “falsa y peligrosa” la narrativa que presenta a todos los inmigrantes como “malos”, abogando por un modelo de “inmigración regular” vinculada a contratos de trabajo. “El mensaje que se lanza ahora es que no se va a pedir ninguna información.”
No obstante, el gobierno autonómico es consciente de que la viabilidad jurídica de su impugnación es cuestionable. Al tratarse de una competencia estatal, el margen de maniobra de Baleares y de cualquier otra comunidad autónoma será limitado.
Mientras, la medida ha recabado el apoyo de diversas organizaciones sociales y caritativas de las islas. María Crespí, responsable del servicio jurídico de Càritas Mallorca, afirma: “Era una necesidad social, moral, económica y política; era importante en aras de la justicia.”
Ana Espinosa, coordinadora autonómica de Cruz Roja en Baleares, explica que “estaremos atentos al anuncio de los procedimientos específicos de regularización y ofreceremos, a través de nuestra organización, todo el apoyo que las personas puedan necesitar para acceder a este proceso.”
Andreu Grimalt, director técnico de la red contra la pobreza EAPN en Baleares, señala: “Creemos que es una buena noticia.” Ha instado a las autoridades autonómicas a “destinar los recursos necesarios para la tramitación de las solicitudes”.