El grupo ecologista GOB Mallorca ha reiterado su denuncia pública sobre las “irregularidades detectadas” en la licitación de los servicios estacionales en las playas del municipio de Palma –temporadas 2026-2029– y ha instado a la Dirección General de Costas y Litoral a adoptar “medidas inmediatas para restablecer la legalidad y garantizar la transparencia” del proceso.
En un comunicado, la organización explicó que el Ayuntamiento de Palma sometió a información pública el proyecto de instalaciones estacionales con un estudio económico-financiero que establecía precios unitarios máximos para servicios como hamacas, sombrillas y pedaloes en el municipio. No obstante, añadió que el pliego posteriormente publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público incluyó otro estudio económico con tarifas “muy superiores” e incluso partidas que no figuraban en el proyecto inicial, como hamacas “premium” y sombrillas de lona a precios elevados.
GOB considera que esta discrepancia implica que las tarifas que podrían acabar aplicando los adjudicatarios serían más altas que las autorizadas, lo que “contravendría las condiciones de la licencia que regula la explotación de los servicios estacionales”.
Asimismo, han criticado el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.6 del Reglamento General de Costas, que establece que los pliegos de condiciones deben ser públicos y publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), garantizando los principios de publicidad, transparencia y concurrencia competitiva. Afirman que dicha publicación no se ha producido, lo que, a su juicio, constituye “una falta de garantías en un procedimiento que afecta directamente al uso del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre”.
Por todo ello, exigen que se inicie un procedimiento de revocación de la autorización por incumplimiento de las condiciones, que se cumpla estrictamente el citado artículo 113.6 y que se anule la licitación de los servicios estacionales en las playas de Palma hasta que se pueda garantizar la adecuación a la normativa y la transparencia del procedimiento.
GOB concluyó subrayando que el litoral y las playas son un bien común y que cualquier explotación privada de servicios en suelo público debe sujetarse a condiciones claras, coherentes con el proyecto sometido a información pública y con todas las garantías de transparencia para la ciudadanía.