El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga ha condenado a Caixabank a reembolsar 4.132 euros, más las costas procesales, a un cliente víctima de una operación fraudulenta con su tarjeta bancaria. La sentencia, dictada el 20 de enero, da la razón íntegramente a la demanda interpuesta por la representación legal del afectado, encabezada por el letrado Abdeslam Lucena del Bufete Lucena Abogados. Cabe destacar que Abdeslam Lucena ejerce también como alcalde de Benamocarra.
El perjudicado sufrió un cargo no autorizado el 9 de noviembre y, tras denunciar el hecho y reclamar infructuosamente ante la entidad, optó por la vía judicial para recuperar el dinero.
No se acreditó ante el tribunal la autorización del gasto
El tribunal consideró suficiente la documentación aportada por el cliente, que incluía justificantes de titularidad, límite de gasto de la tarjeta, denuncia policial y la reclamación previa formalizada ante el banco. La resolución aplica la normativa europea y española de servicios de pago, que establece que, cuando el usuario niega haber autorizado una operación, corresponde a la entidad probar que existió dicha autorización, que hubo fraude o que el cliente incurrió en negligencia grave. El juzgado subrayó que no basta con que la entidad alegue que la transacción quedó registrada o fue validada técnicamente desde el punto de vista informático.
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En el presente caso, el fallo determinó que Caixabank no logró acreditar conducta fraudulenta o negligencia grave por parte del cliente, ni pudo explicar cómo se produjo el acceso no autorizado a los datos bancarios. En consecuencia, debe asumir íntegramente la pérdida derivada del uso fraudulento de la tarjeta. La sentencia condena a la entidad al pago de los 4.132 euros, con el interés legal desde la fecha del cargo no autorizado, así como a las costas del proceso.
La decisión, aún susceptible de recurso, fortalece la protección del consumidor frente al fraude bancario y refuerza la postura judicial de que las instituciones financieras deben responder cuando no pueden demostrar una negligencia grave del cliente, especialmente ante el aumento de este tipo de estafas digitales.