La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha censurado la “irresponsable” regularización extraordinaria de migrantes que prevé aprobar el Consejo de Ministros, arguyendo que supondrá un “nuevo factor de atracción” para las Islas Baleares. Así lo manifestó en un mensaje difundido en sus redes sociales tras conocerse el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para avalar esta medida vía real decreto.
«Con las Baleares sumidas en su peor crisi migratoria tras la llegada de más de 20.000 inmigrantes ilegales en el último quinquenio y ante el reto de un crecimiento poblacional insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que actuará como un nuevo imán para nuestro archipiélago», criticó la mandataria autonómica.
A su juicio, se trata de una «regularización masiva e irresponsable que premia la entrada irregular, fomenta las mafias que lucran con la desesperación y obvia la capacidad de integración social». Tampoco aborda, añadió, la «escasez» de vivienda, la capacidad de nuestros servicios públicos ni los limitados recursos naturales del territorio.
Asimismo, lamentó que esta regularización se produzca mientras «quienes desean permanecer para contribuir legalmente y con un contrato de trabajo» encuentran los servicios de extranjería «colapsados». «No cabe todo el mundo, no hay lugar para quien no viene a contribuir e integrarse. La inmigración ha de ser legal y ordenada. La nacionalidad y la residencia se ganan, no se regalan», sostuvo.
Dicha regularización extraordinaria afectará a extranjeros que ya se encuentren en España y se llevará a cabo «con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente», según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al tramitarse por decreto, no requerirá aprobación parlamentaria.
El acuerdo establece una serie de requisitos para acogerse a la medida, como carecer de antecedentes penales de relevancia. Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán presentar documentos como el padrón municipal, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales o documentos como contratos de alquiler, comprobantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.
En el momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidos cualquier procedimiento de devolución u orden de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso, y una vez admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia temporal que permitirá trabajar legalmente y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se otorgará un permiso de residencia por un año, al término del cual se podrá solicitar un permiso ordinario conforme a la normativa de extranjería.
La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, explicó el martes que la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Ejecutivo con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitarla entre inicios de abril y el 30 de junio del presente año.
Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios excepto Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue estancada en el Congreso.
El texto fue presentado en el Parlamento con anterioridad, durante la última legislatura, pero no caducó porque las ILP no prescriben al disolverse las Cámaras. Pese a algunos avances en esta legislatura, la compleja aritmética parlamentaria ha impedido que progrese más allá de su toma en consideración.