El gobierno de izquierdas de España aprobará este martes un decreto para regularizar a unos 500.000 migrantes en situación irregular, según anunció la ministra de Migraciones, marcando así una nueva ruptura con las políticas más restrictivas imperantes en otras partes de Europa.
En declaraciones a la televisión pública RTVE, Elma Saiz explicó que los beneficiarios podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier parte del país”, destacando “el impacto positivo” de la migración. “Hablamos de estimaciones; probablemente la cifra ronde el medio millón de personas”, añadió, subrayando que el gobierno “reconoce y dignifica” a personas ya presentes en España.
Fuentes de su ministerio detallaron que la medida afectará a quienes lleven residiendo en el país al menos cinco meses y hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se incluirá a los hijos menores de los solicitantes que ya vivan en España.
El plazo de solicitud se abrirá en abril y se extenderá hasta finales de junio, según Saiz. El decreto no requerirá ser refrendado en el Parlamento, donde la coalición liderada por los socialistas carece de mayoría absoluta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que España necesita la migración para cubrir vacantes laborales y contrarrestar el envejecimiento poblacional, que amenaza el sistema de pensiones y el estado del bienestar.
Esta postura más abierta contrasta notablemente con la tendencia en la Unión Europea, donde partidos de extrema derecha con discursos antinmigración han ganado terreno. España se encuentra en primera línea de la crisis migratoria europea, con decenas de miles de llegadas irregulares a las Islas Canarias.
Pese a ello, las arribadas irregulares a España disminuyeron más de un 40% en 2025, debido principalmente al descenso en la ruta atlántica desde África occidental. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de siete millones de extranjeros residen en España, sobre una población total de 49,4 millones.