Estepona se ha consolidado como uno de los mercados inmobiliarios más frenéticos de la Costa del Sol, con miles de viviendas construidas o vendidas a compradores locales y extranjeros en los últimos años.
Este ímpetu ha hecho que el municipio sea frecuentemente elogiado por su desarrollo de alto nivel y su dinámica constructiva.
No obstante —como ocurre con tantas cosas en la costa malagueña—, tras la fachada brillante y las cifras impresionantes subyace una realidad más cruda.
Esta se revela de manera más palpable en la situación de decenas de familias que actualmente se encuentran sin hogar tras haber desembolsado grandes sumas por apartamentos en la localidad.
Existen 72 viviendas en la promoción Alma, situada en lo alto de la Avenida Juan Carlos, que permanecen sin suministro eléctrico más de siete meses después de su finalización.
Esta situación ha generado protestas, acciones legales y un conflicto de responsabilidades entre los residentes, el ayuntamiento y la compañía eléctrica.
El problema se remonta a 2021, cuando el consistorio inició los trámites para reservar capacidad eléctrica para el sector.
Según Endesa, la documentación requerida nunca se completó en esa fase, por lo que la reserva formal de potencia no se tramitó.
Posteriormente, la compañía suspendió en agosto de 2024 las solicitudes de suministro superiores a 1 megavatio debido a la saturación de la red en la Costa del Sol.
El resultado es que una promoción terminada y con licencia en regla permanece sin energía.
El gobierno municipal ha solicitado a Endesa que active el suministro al bloque y ha escrito al ministro nacional para la Transición Ecológica advirtiendo de que la red regional muestra “signos de incapacidad” para proporcionar electricidad a nuevos desarrollos.
Sin embargo, los residentes afirman que siguen en un limbo, incapaces de habitar, empadronarse o hipotecar viviendas que compraron hace años.
El caso Alma, aunque dramático, es síntoma de un patrón mucho más amplio.
La población de Estepona ha crecido notablemente en los últimos años —de unos 67.000 habitantes en 2011 a casi 80.000 en 2025—, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los sistemas municipales.
A pesar de este aumento demográfico y de un flujo aparentemente continuo de nueva construcción, la planificación de capacidad para infraestructuras básicas ha ido a la zaga.
Solo en 2024 se vendieron 3.162 viviendas de alto standing en Estepona —parte de las 8.708 transacciones de lujo registradas en Marbella, Estepona y Benahavís, según cifras reportadas por la Cadena SER—.
El suministro eléctrico en toda la Costa del Sol está bajo presión. Endesa confirma que la red provincial opera al límite de su capacidad y que las solicitudes de grandes potencias están congeladas a la espera de la activación de una subestación, con años de retraso, en Benahavís.
Dicha subestación lleva más de cinco años paralizada por disputas con los propietarios del terreno.
La infraestructura hídrica, ya desafiada por las periódicas sequías en la Costa del Sol, ha sido mejorada en partes del municipio, pero no siempre a una escala que iguale la nueva demanda.
El ayuntamiento anunció la construcción de un depósito de agua de 15.000 metros cúbicos en Las Mesas —una inversión de 3,7 millones de euros—, planteado explícitamente como una forma de garantizar el suministro y apoyar las zonas de crecimiento demográfico.
Pero esta obra y las recientes mejoras en la red reflejan esfuerzos por ponerse al día, más que una planificación proactiva de capacidad.
Las carreteras en torno a Estepona ilustran una tensión similar. La autovía costera A-7, principal arteria que conecta la localidad con Marbella y hacia el este, sufre rutinariamente una fuerte congestión en horas punta.
Expertos en modelización de tráfico y planificación de transportes llevan tiempo reclamando inversiones en vías de acceso y mejora de cruces, pero las grandes actualizaciones van por detrás de la rápida expansión de urbanizaciones que dependen de la misma red viaria.
El drenaje y la resiliencia ambiental también son preocupaciones apremiantes.
Los daños por incendios forestales en la Sierra Bermeja han aumentado el riesgo de inundaciones en el oeste de la Costa del Sol, según un estudio de la Universidad de Málaga (UMA), y la interacción entre la expansión urbana y la capacidad de aguas pluviales ha creado una mayor vulnerabilidad ante episodios de lluvias intensas.
Estos riesgos exigen inversiones en drenaje y defensas contra inundaciones que simplemente no han igualado el ritmo del desarrollo.
La infraestructura social —incluyendo sanidad, colegios y servicios comunitarios— también tiene que absorber una población más numerosa y diversa.
Aunque se han añadido nuevos equipamientos, análisis de documentos de planificación municipal sugieren que la expansión de servicios a menudo sigue al crecimiento poblacional, en lugar de anticiparlo.
Es fácil entender por qué el modelo de desarrollo de Estepona ha resultado atractivo.
El mercado inmobiliario de la localidad ha prosperado, atrayendo tanto a compradores adinerados como a inversores a largo plazo, y las viviendas nuevas a menudo se venden con rapidez.
Pero el caso Alma pone al descubierto el coste de construir hogares sin asegurar primero que los cables, tuberías y carreteras que los hacen habitables estén listos.
Los residentes de Alma no hablan de política, sino de aspectos prácticos —solo desean la funcionalidad básica de un hogar: luz, agua, acceso y seguridad.
“Si hay licencia, debería haber electricidad”, afirmó un comprador afectado a la prensa local, reflejando una frustración que resuena en las protestas frente al ayuntamiento y en las cartas enviadas a Endesa y a los ministerios nacionales.
Estepona puede seguir vendiendo un estilo de vida, pero las luces no se encenderán hasta que la infraestructura esté a la altura de las ambiciones que perfilan su skyline.
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