Esta semana, el exnovio fue sentenciado a tres años adicionales en un centro de internamiento cerrado para menores, más cuatro de libertad vigilada, por los abusos que infligió a Cloe durante su relación de un año.
La justicia ha vuelto a poner el foco en el asesinato de Cloe, la joven de 15 años asesinada en la Orihuela Costa, asestando un nuevo golpe a su expareja y reabriendo un caso que continua estremeciendo a España.
Esta semana, el exnovio fue condenado a tres años adicionales en un centro de internamiento cerrado para menores, más cuatro de libertad vigilada, por los abusos que infligió a Cloe durante su relación de un año. La Fiscalía pretende ahora que esta condena se sume a los ocho años de internamiento que ya cumple por el asesinato, una estrategia que podría prolongar significativamente su estancia entre rejas.
La sentencia coincide con la revisión, por parte de la Audiencia Provincial de Alicante, de un recurso contra la condena por homicidio, interpuesto únicamente por el otro menor implicado en el crimen. La familia de Cloe, representada por el letrado Juan Carlos Fuentes, mantiene su acción como acusación particular, decidida a exigir la plena responsabilidad.
En el núcleo de la nueva condena por maltrato yace una prueba devastadora: el teléfono móvil de Cloe. Tras su muerte, la Guardia Civil realizó una pericial que desveló una relación definida por los celos obsesivos, el control asfixiante, la humillación y las amenazas. Según las pesquisas, la vida de la adolescente fue monitorizada sin tregua. Su exnovio revisaba su teléfono a diario, leía sus conversaciones privadas, le ordenaba borrar contactos, la forzaba a eliminar aplicaciones como Snapchat e incluso instaló un sistema de geolocalización que le permitía conocer su paradero en todo momento.
Los mensajes recuperados por los investigadores dibujaron un lúgubre cuadro de dominación. Advertencias, amenazas explícitas y exigencias de control absoluto sobre las amistades y movimientos de Cloe colmaban el historial del chat. Un agente declaró en el juicio que lo presentado era “solo la punta del iceberg”, añadiendo que existían muchos más mensajes de similar tenor.
A pesar de admitir que escribió los mensajes, el acusado intentó minimizar su trascendencia, alegando que no constituían maltrato. Arguyó que algunos textos se enviaron en arranques de ira durante una desintoxicación, e insistió en que la aplicación de rastreo se instaló “voluntariamente” y por mutuo consentimiento.
Testigos recordaron haber visto a Cloe en una ocasión con una uña rota, la única lesión visible que recordaban. El acusado lo desestimó como un accidente, ocurrido mientras “estaban jugando”.
Los investigadores, no obstante, describieron un caso paradigmático de violencia de género: ciclos de celos, posesividad, remordimiento y reconciliación dentro de una dinámica profundamente tóxica. Observaron que Cloe comenzó a mostrar determinación cuando finalmente decidió terminar la relación. En los meses previos a su asesinato, los mensajes oscilaron entre las amenazas y las súplicas desesperadas para que volviera.
Jurídicamente, la nueva sentencia plantea cuestiones complejas. El exnovio, ya mayor de edad, ya recibió la pena máxima prevista en la ley de menores por el asesinato. En teoría, las condenas no deberían acumularse. La Fiscalía disiente, argumentando que los malos tratos fueron un delito distinto y consumado que debe sumarse independientemente. La cuestión se dilucidará en la fase de ejecución de las penas.
Mientras tanto, continúa el recurso sobre la condena por asesinato. El cómplice alega que actuó bajo la influencia del exnovio de Cloe y que no debió recibir la misma pena. El principal acusado no ha recurrido su condena por homicidio.
Las resoluciones definitivas no solo moldearán el futuro de los condenados, sino que también sentarán un precedente crucial sobre cómo el sistema judicial aborda los casos extremos de violencia de género entre menores.
Imagen cortesía: Plataforma en Memoria de Cloe