Orihuela, enero de 2026 – El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, está adoptando una postura firme y asertiva contra la propuesta planta de tratamiento de residuos en Torremendo, buscando el apoyo de los municipios vecinos de Torrevieja y Pilar de la Horadada para impedir su aprobación. Vegara, que lidera la coalición PP-Vox, ha advertido de que autorizar la planta, propuesta por la unión temporal de empresas Prezero-Cívica, sería políticamente insostenible y ha señalado que incluso podría plantearse la retirada de Orihuela del Consorcio Vega Baja Sostenible si el proyecto sigue adelante.
La propuesta, recomendada recientemente en un informe de la propia empresa concesionaria, designa 20 hectáreas en La Pistola-Fuente Amarga para la instalación. Vegara argumenta que los informes técnicos municipales demuestran que el terreno está protegido por múltiples figuras legales, lo que hace inviable su desarrollo. Mostrando urgencia, el alcalde se reunió presencialmente con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, y el presidente del Consorcio, Francisco Cano, para aunar oposición antes de la próxima votación en el pleno.
La estructura de voto dentro del Consorcio, compuesto por 27 miembros, otorga mayor peso a los municipios que generan más residuos. Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada producen conjuntamente alrededor de 150.000 de las 202.000 toneladas de residuos anuales de la comarca. Su apoyo podría contrarrestar el 40% que poseen la Diputación y la Generalitat Valenciana, aunque Vegara aún necesitaría convencer a otros municipios para asegurar una mayoría decisiva.
La posición del alcalde de Orihuela contrasta con la de otros municipios gobernados por el PP, como Jacarilla, Benejúzar y Bigastro, que ya han mostrado su beneplácito hacia la ubicación en Torremendo. De manera similar, municipios gobernados por el PSOE, como Guardamar, Rojales, Callosa de Segura y Dolores, priorizan una resolución rápida a la crisis de gestión de residuos, citando los crecientes costes —hasta 150 euros por tonelada— del transporte de basura a múltiples localizaciones en Alicante, Valencia, Murcia, Almería y Cuenca. No obstante, reconocen que emplazar la planta en Torremendo, décadas después de que surgiera el problema, es controvertido.
Intentos pasados de proponer ubicaciones alternativas, como Estafeta-Vistabella en Orihuela, se abandonaron debido a la presión de vecinos, intereses agrícolas y grandes promotores inmobiliarios que planean macroproyectos de viviendas en la zona. Estas presiones comerciales y políticas han moldeado el debate actual sobre el emplazamiento de Torremendo.
Vegara ha reafirmado su compromiso con los residentes de Torremendo: “Si los vecinos de Torremendo no quieren la planta, el Ayuntamiento de Orihuela tampoco”. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de las autoridades autonómicas —incluida la secretaria autonómica de Medio Ambiente, la oriolana Sabina Goretti Galindo Benito—, el desenlace depende ahora de alianzas de última hora y de la compleja aritmética política del Consorcio.