El Congreso alcanzó un acuerdo bipartidista esta semana sobre un paquete de financiamiento y políticas sanitarias, incluido en una ley de gastos más amplia de 1,2 billones de dólares destinada a evitar un cierre del gobierno. El paquete combina propuestas de financiación, reformas normativas y prórrogas de programas diseñados para apoyar a los proveedores sanitarios y a la salud pública.
A continuación, se detallan siete claves de la propuesta.
— El proyecto asigna aproximadamente 116.000 millones de dólares al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) hasta el año fiscal 2026. Esto supone 210 millones más que su financiación para 2025, e incluye un incremento de 415 millones para los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
— El acuerdo no prorroga los créditos fiscales mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Estas subvenciones, introducidas durante la pandemia para mejorar la asequibilidad, expiraron a finales del año pasado. Su caducidad no solo aleja la cobertura de millones de estadounidenses, sino que también podría generar importantes problemas de liquidez para proveedores que ya enfrentan presiones financieras. Al aumentar las primas y caer la inscripción, los hospitales podrían ver crecer la atención no compensada y la deuda incobrable. El año pasado, el 93% de los inscritos en el mercado de la ACA recibían estos créditos.
— La propuesta incluye reformas a los gestores de beneficios farmacéuticos (PBM), exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas en la Parte D de Medicare. Obliga a una información más clara sobre precios, reembolsos y tarifas, y dirige a CMS a definir términos contractuales “razonables y relevantes” que reflejen mejor los costos farmacéuticos. Además, desvincula la remuneración de los PBM de los precios de lista y prohíbe prácticas opacas como el spread pricing, con el fin de reducir los incentivos para promover medicamentos de precio elevado y retener márgenes ocultos. Las reformas también buscan mejorar el acceso a las redes de farmacias y otorgarles un proceso para impugnar cláusulas abusivas.
— La legislación extendería las flexibilidades de la telesalud hasta 2027. Las exenciones de CMS de la era pandémica, que han permitido a los proveedores ofrecer atención virtual a gran escala, se prorrogarían dos años más si se aprueba la ley. Esta extensión daría mayor certidumbre a pacientes y profesionales, dado que la atención virtual sigue siendo un acceso clave, especialmente en comunidades rurales.
— El programa «hospital en el hogar» recibe una prórroga de cinco años en el proyecto. La extensión mantiene el reembolso de CMS por atención de nivel hospitalario prestada en domicilios. Los directivos hospitalarios sostienen que el programa ayuda a reducir la presión asistencial, bajar costos y mejorar la experiencia del paciente, en particular para aquellos con enfermedades crónicas.
— La propuesta retrasaría los recortes previstos a los pagos por Hospitales con Participación Desproporcionada (DSH) de Medicaid hasta el año fiscal 2028. Estos pagos compensan costos de atención no remunerada, y los grupos hospitalarios han advertido reiteradamente que los recortes podrían desestabilizar a proveedores que atienden a una alta proporción de pacientes de bajos ingresos y sin seguro.
— El proyecto extiende por un año más los programas de pago de CMS para hospitales rurales. Se prorrogan por un año dos programas de apoyo: el ajuste de pago para hospitales dependientes de Medicare y el ajuste para hospitales de bajo volumen. Estos pagos están diseñados para compensar los mayores costos operativos y el menor volumen de pacientes en zonas rurales, donde el acceso a la atención suele ser limitado.
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