Alarmante desfase entre la realidad judicial y los presupuestos en Benidorm. Crédito: Siocaw / Creative Commons
El Tribunal Constitucional ha puesto fin a la batalla legal del Ayuntamiento de Benidorm sobre el caso de indemnización de la Serra Gelada. Tras la sentencia firme previa del Supremo, la última esperanza del consistorio residía en un recurso de amparo, que ahora ha sido desestimado. Con la decisión del martes y el pleno respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a los acuerdos originales, la ciudad afronta ahora una deuda de 333 millones de euros con dos empresas del empresario Francisco Murcia Puchades por compensaciones urbanísticas.
El martes 13 de enero, el plenario celebró una reunión extraordinaria de portavoces con técnicos municipales para valorar la crítica situación. Los responsables confirmaron que el gobierno local ha descartado recurrir a los tribunales europeos, por temor a un proceso dilatado y a una espiral de intereses de demora. El foco actual se centra únicamente en hallar la forma de pagar una cantidad que más que duplica el presupuesto anual del ayuntamiento, proyectado en 146 millones para 2026.
El rescate estatal se perfila como la opción más viable
Dada la magnitud de la deuda, es improbable que los préstamos bancarios convencionales sean suficientes. La solución más realista pasa por la intervención de una instancia superior, lo que implica que el Estado español podría tener que rescatar a Benidorm.
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Sin embargo, este auxilio financiero no estaría exento de coste. El concejal socialista Sergi Castillo advirtió de graves consecuencias para los vecinos. Afirmó que una intervención estatal exigiría un plan de austeridad muy estricto: “Todas las tasas impositivas subirán al máximo, y las subvenciones y ayudas se recortarán drásticamente. Esto será muy grave y caerá directamente sobre los ciudadanos de Benidorm”, declaró tras la reunión.
Alarmante desfase entre la realidad judicial y los presupuestos
El contraste entre las obligaciones judiciales y la planificación económica municipal es abismal. Castillo reveló que el anteproyecto presupuestario del próximo año solo destinaba 3 millones a esta deuda. A ese ritmo, el consistorio tardaría 111 años en pagar solo el principal, sin contar los nuevos intereses que se generarían durante un siglo.
El alcalde Toni Pérez (PP) ha calificado la situación de “preocupante”. Con una mayoría absoluta de 16 ediles de 25, Pérez, que también es presidente de la Diputación de Alicante, ostenta una responsabilidad significativa en la negociación de una solución con otras administraciones.
Pérez apela a la prudencia en medio de la crisis
En rueda de prensa tras la sentencia del TSJCV, y antes del rechazo del Constitucional, Pérez pidió “prudencia y sentido común”. Añadió: “Aunque es una situación inquietante, aún hay extremos sin resolver en los tribunales. Cualquiera que sea el desenlace final, hemos actuado con mesura y siguiendo los consejos técnicos”.
“Solo nuestro gobierno es capaz de abordar las soluciones potenciales una vez el asunto sea firme y ejecutivo”, concluyó Pérez, subrayando su compromiso con la gestión de la crisis.
Décadas de negociaciones controvertidas
Los orígenes del litigio se remontan a los planeamientos urbanísticos entre los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron calificados como urbanos. En 2003, el entonces alcalde Vicente Pérez Devesa (PP) firmó un acuerdo con los propietarios de la Serra Gelada para anticiparse a su declaración como parque natural protegido en 2005, trasladando derechos de edificabilidad a otras zonas. La medida fue muy polémica, y el PSOE advirtió de que creaba derechos indemnizatorios y rebasaba competencias reservadas al gobierno autonómico.
Pese a la oposición, el acuerdo se mantuvo bajo sucesivos alcaldes. Se renovó en 2010 bajo el alcalde socialista Agustín Navarro para evitar una posible responsabilidad millonaria, con el apoyo del PP y del actual alcalde Toni Pérez. El punto de inflexión llegó después de 2013, y especialmente desde 2015, cuando Pérez se convirtió en alcalde y buscó anular el acuerdo que durante tanto tiempo había defendido.
Las sentencias judiciales obligan al pago
La administración de Pérez argumentó que el uso del suelo no estaba consolidado, pero los tribunales dictaminaron repetidamente lo contrario. La judicatura ha determinado ahora que el ayuntamiento debe indemnizar por unas decisiones que convirtieron activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.
Con la decisión firme del Tribunal Constitucional, Benidorm encara una tormenta financiera que podría redefinir sus políticas fiscales y impactar directamente a sus residentes durante décadas.