El grupo ecologista balear GOB ha denunciado públicamente la conversión de las playas de Palma en un “producto de lujo” que “alejará” a los residentes de su uso cotidiano debido al incremento de las tarifas de los servicios. Según un comunicado, la organización ha presentado alegaciones al estudio económico sobre la explotación de los servicios estacionales, advirtiendo que dichas tarifas no han sido aprobadas y que la subida que barajan resulta “desmesurada”.
Los precios de los servicios playeros, señalan los ambientalistas, son precios públicos y, por tanto, no pueden modificarse de manera arbitraria. Cualquier actualización debe realizarse mediante una ordenanza municipal, siguiendo el procedimiento legal correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
Para el GOB, las tarifas propuestas son prueba de un modelo de gestión “diseñado principalmente para turistas, que pueden afrontar precios cada vez más elevados, pero que olvida a las personas que residen en Palma y utilizan las playas durante todo el año”. Las políticas públicas no pueden convertir las playas en un artículo de lujo ni excluir a los residentes de su uso diario. “Se trata de un espacio público y sus servicios deben ser accesibles, transparentes y acordes a la ley”, subrayó.
Según datos aportados por la organización, el precio de las hamacas y sombrillas aumentaría cuatro euros, hasta los diez; las taquillas, otros cuatro euros, hasta los cinco; las hamacas “premium”, pasarían de quince a cuarenta y cinco euros, y las motos acuáticas, de veinticinco a cincuenta y cinco. Los ecologistas han indicado que estas subidas “no constituyen un hecho aislado o puntual”, sino que forman parte de un patrón ya observado con anterioridad.
El pasado mes de septiembre, por ejemplo, se interpuso una denuncia formal por los precios de hamacas y sombrillas en Cala Major, que presuntamente no se ajustaban a las condiciones autorizadas. “Este antecedente demuestra que el problema no es solo el precio propuesto sobre el papel, sino cómo garantizar que se cumplan efectivamente las tarifas autorizadas y que no se apliquen incrementos encubiertos o ilegales”, afirmaron.