Al asumir el gobierno del Partido Popular en junio de 2023, la vivienda en Baleares se erigió como una prioridad absoluta. Se impulsó un plan de emergencia, cuya implementación se vio entorpecida por las disfunciones en el ministerio del ramo. La ministra, Marta Vidal, presentó su dimisión en julio de 2024 alegando motivos personales. Más tarde se transmitió la impresión de que nunca había deseado ese cargo.
Su sucesor, José Luis Mateo, afronta una cartera compleja al acumular también la de Transporte. Mientras proyectos clave de transporte —los ferrocarriles de Alcudia y Llucmajor— han generado controversia, las políticas de vivienda han sido mejor recibidas, aunque con las críticas inevitables de la oposición. También en ámbitos profesionales, como el colegio de arquitectos de las islas, se han manifestado reticencias, centradas principalmente en la cuantía de la vivienda asequible proyectada y en sus precios.
El contexto actual registra un incremento de aproximadamente un 30% en los precios de la vivienda desde la llegada del PP. Mateo introduce su respuesta criticando a los gobiernos del PSOE entre 2015 y 2023: «No existe una solución inmediata para un problema así. Ahora cosechamos las consecuencias de una política que, en ocho años, nos trajo un aumento del 90%. Solo iniciaron poco más de 500 viviendas públicas. Nosotros estamos sembrando ahora lo que pretendemos recojer al final de la legislatura».
La presidenta Prohens ha prometido la «activación» de alrededor de mil viviendas en 2026. Mateo lo explica: «Hemos aprobado un procedimiento exprés para vivienda pública. Agilizamos todos los trámites y obviamos plazos de uno a tres años. Pero prefiero no dar fechas para la entrega de llaves».
Mientras, el mercado del alquiler se caracteriza por precios al alza. Mateo es contundente al descartar los controles de rentas: «Existen informes que indican de manera expresa e inequívoca que el límite de alquileres en Cataluña ha sido un fracaso absoluto y rotundo. Hay comunidades gobernadas por el PSOE que no aplican esta medida. De haber sido un éxito, se generalizaría. Isabel Rodríguez ha reconocido que es un problema de oferta. En Baleares continuaremos con el programa Alquiler Seguro».
Se han prometido unas 10 000 viviendas en Palma. Mateo señala dos proyectos que su ministerio ha remitido al ayuntamiento para su aprobación urbanística —Son Güells y Son Puigdorfila—: «Hablamos de casi 4000 viviendas, más de la mitad asequibles».
Un plan del gobierno para edificar en suelo rústico ha generado cierta polémica, en parte por las sospechas de que podría beneficiar a determinados propietarios. Mateo insiste en que «no tiene ni la más remota idea de quién posee ningún terreno» en ningún municipio. «No lo sé y deseo seguir ignorándolo, porque no gobernamos para ningún terrateniente o promotor. Gobiernamos para resolver los problemas de los ciudadanos de Baleares. Tenemos un grave problema de oferta; hay que construir. Lo que no podemos es resolver el problema de la vivienda sin edificar.
»Todas nuestras medidas van dirigidas a generar vivienda para residentes y, además, a precios accesibles. Por ello, por ley, se ha establecido el requisito de cinco años de empadronamiento mínimo y por eso tampoco tenemos problema en asumir propuestas de ayuntamientos que nos soliciten requisitos de residencia más largos.
»Es normal que los ayuntamientos que nos ceden suelo para construir impongan sus condiciones. Son muy conscientes de los problemas de sus vecinos. Nos piden aplicar exigencias más estrictas porque son ellos quienes conocen de primera mano la realidad de sus ciudadanos».