Carlos García Roldán, conocido como Charly, ha sido condenado a catorce años y medio por lo que constituye el mayor fraude inmobiliario perpetrado en Baleares.
Se le acusó de haber sido el cabecilla de un estafa que afectó a 235 personas y cuyo valor se estimó en unos tres millones de euros. La primera denuncia en su contra se presentó el 8 de marzo de 2018. Fue citado a declarar el 9 de abril de aquel año, pero para entonces ya había desaparecido. Había huido a Colombia, donde llegaría a modificar su apariencia de manera radical. Propietario de la empresa mallorquina Lujocasa, fue detenido en Buga, Colombia, el 4 de febrero de 2019 y posteriormente extraditado a España.
Casi siete años después de su arresto en Colombia, la Audiencia Provincial de Palma lo ha declarado culpable de haber ideado el fraude. Su antiguo socio, Michele Pilato, también hallado culpable, ha recibido una sentencia de nueve años.
El tribunal consideró probado que lo ocurrido con Lujocasa fue un plan preconcebido para una “captación masiva de fondos” sin intención alguna de construir. Los recursos de los compradores se destinaron a un estilo de vida de lujo que incluía el juego en casinos. Además de las penas de prisión, se ha ordenado el pago de una indemnización superior a dos millones de euros, cantidad que podría incrementarse.
Desde la creación de Lujocasa en 2015 y hasta su fuga a Colombia, existió un esquema coordinado para atraer y engañar a compradores. De más de treinta promociones que se comercializaron, la compañía solo logró adquirir la titularidad de siete solares. Se vendieron numerosas viviendas sobre plano respecto a las cuales no existían derechos firmes sobre el suelo que permitieran ejecutar las obras —”circunstancia que era conocida por quienes dirigían y controllaban la actividad”.
García Roldán tomaba las decisiones principales, firmaba contratos y controlaba el dinero. Además de fraude, se le condenó por integración en organización criminal, falsedad, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
En cuanto a Michele Pilato, el tribunal descartó que una persona con su experiencia en el sector inmobiliario pudiese compartir despacho con García Roldán sin conocer que se estaba cometiendo un fraude de gran envergadura. Contribuyó a la estrategia de captación de clientes al aportar una infraestructura comercial y una apariencia de solvencia.
Una tercera persona, un arquitecto, se considera que desempeñó un rol subordinate y ha sido condenado a quince meses.
Las sentencias de la Audiencia Provincial son apelables ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.