Un enfrentamiento sobre la Segunda Enmienda ha estallado entre el gobierno federal y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
El gobierno estadounidense demandó a este territorio, su departamento de policía y al Comisionado de Policía Mario Brooks el martes. Los acusa de obstruir y negar sistemáticamente a ciudadanos estadounidenses el derecho a poseer y portar armas.
La ley local exige que los solicitantes demuestren tener una "buena razón para temer por su vida o integridad física" y presenten "dos personas creíbles" que respalden su necesidad de un arma. También requieren tener "buen carácter moral" para obtener un permiso, el cual es válido hasta por tres años y solo aplica para un arma.
La demanda afirma que no existe un estándar específico para definir el "buen carácter". También alega que los acusados "regularmente" rechazan permisos a personas que, según el comisionado de policía, son consideradas "no idóneas".
Además, la demanda señala que los solicitantes deben "someterse a registros domiciliarios invasivos y sin orden judicial" como condición para el permiso. Si alguien rechaza esta inspección, que tarda "varios meses hasta un año en programarse y completarse", el gobierno no procesa su solicitud.
También indica que la policía "niega licencias a solicitantes que de otro modo calificarían, siempre que considere que tienen ‘demasiadas’ armas".
La demanda acusa además a las Islas Vírgenes de exigir que los solicitantes "gasten dinero innecesariamente en instalar una caja fuerte", anclada al piso o la pared.
Se alega que los acusados desafían "precedentes vinculantes de la Corte Suprema, frustrando los derechos de la Segunda Enmienda de ciudadanos respetuosos de la ley". Subraya que estos ciudadanos "tienen un derecho fundamental a poseer armas en sus hogares" y a portarlas públicamente para defensa personal inmediata.
La demanda fue presentada en la corte de distrito de las Islas Vírgenes. Pide que un juez declare que los acusados violan la Segunda Enmienda y solicita una orden para prohibirles aplicar las leyes locales vinculadas a las licencias de armas.
El gobierno del territorio afirmó en un comunicado que está revisando la demanda y se toma las acusaciones con seriedad. Señaló que la administración del Gobernador Albert Bryan Jr. y la Teniente Gobernadora Tregenza A. Roach "está comprometida a proteger los derechos constitucionales manteniendo la seguridad pública". Dijeron que las acusaciones se abordarán en la corte y no emitirán más comentarios.
Esta demanda se presenta mientras la administración del Presidente Trump busca expandir los derechos sobre armas. El año pasado, Trump afirmó que la Segunda Enmienda estaba "bajo asedio" y se describió a sí mismo como "el mejor amigo que los dueños de armas han tenido en la Casa Blanca".