Más de un millón de inquilinos en España que firmaron sus contratos de arrendamiento entre 2020 y 2021 están próximos a renovarlos en el transurso del próximo año, lo que implica que muchos de ellos podrían enfrentarse a incrementos en el precio o incluso a un desahucio.
Hasta 1,6 millones de arrendatarios se enfrentan al riesgo de ver aumentado el alquiler o de ser desalojados a medida que sus contratos lleguen a su fin en el año venidero.
Según se desprende de un documento interno del Ministerio de Consumo con datos de la Agencia Tributaria, en 2021 se firmaron 632.369 contratos de alquiler, cuya inmensa mayoría expirará en 2026, una vez cumplido el plazo legal de cinco años establecido por la ley.
Esto significa que los inquilinos se verán obligados a renovar sus contratos con rentas más elevadas o, en otros casos, podrían tener que buscar nuevas viviendas en un mercado cada vez más tenso, donde los precios continúan disparándose en todo el país.
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Esta tendencia, bautizada en el sector inmobiliario como “la gran renovación del alquiler” según reportajes de la Cadena SER, ya ha comenzado en los últimos compases de 2025.
La razón estriba en que, inmediatamente después de la pandemia —entre 2020 y 2021—, se suscribió un gran volumen de contratos que, si bien se han actualizado anualmente, han visto sus incrementos limitados a la evolución del IPC, un indicador de la inflación, de acuerdo con la legislación vigente en aquel momento.
Ahora, al expirar, los propietarios tienen libertad para fijar el precio que consideren oportuno.
Sumar, el socio minoritario de coalición en el gobierno con el PSOE, ha exigido al Ejecutivo que renueve automáticamente dichos contratos de alquiler al precio pactado hace cinco años, incrementado conforme al IPC.
Informaciones de El Economista que citan al portal inmobiliario Fotocasa sugieren que un 43% de los arrendadores cuyos contratos caducan en 2026 afirman que retirarán sus pisos del mercado de alquiler de larga duración.
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Un dieciséis por ciento señala que pasará al mercado de alquiler estacional, un 11% al turístico y un 6% al de alquiler por habitaciones.
Un veintitrés por ciento también incrementará sus precios.
“El mercado del alquiler se está desangrando”, afirmó María Matos, directora de estudios de Fotocasa, añadiendo que la situación se agravará el próximo año, cuando venzan muchos de los contratos firmados bajo la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019.
“Preguntamos a los propietarios qué harán con sus inmuebles al caducar los contratos suscritos bajo la LAU, y un 43% nos respondió que retirarán sus propiedades del alquiler a largo plazo”, declaró Matos.
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