Los legisladores estadounidenses están presionando al gobierno de Trump para que dé explicaciones sobre los ataques militares contra barcos venezolanos sospechosos de narcotráfico. Esto viene después de unos informes que dicen que se ordenó un segundo ataque para eliminar a los supervivientes del primero.
Comités del Congreso controlados por los Republicanos han prometido realizar una supervisión “rigurosa” sobre estos ataques en el Caribe, según el reporte.
El viernes, The Washington Post informó que un ataque estadounidense el 2 de septiembre dejó dos supervivientes, pero se realizó un segundo ataque para cumplir con la orden del Secretario de Defensa Pete Hegseth de “matar a todos” los que estaban a bordo.
Hegseth tachó el informe de “noticias falsas” y el Presidente Donald Trump dijo que le creía “al 100%”.
Estados Unidos ha expandido su presencia militar en el Caribe y ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra barcos sospechosos de transportar drogas en aguas internacionales cerca de Venezuela y Colombia. Dicen que es parte de una operación antidrogas.
Mas de ochenta personas han muerto desde principios de septiembre.
La administración Trump dice que actúa en legítima defensa al destruir barcos que llevan drogas ilegales hacia EE.UU.
En su informe, el periódico escribió que el Secretario Hegseth dio una orden verbal de “matar a todos” en uno de esos barcos, y un comandante de Operaciones Especiales ordenó un segundo ataque para cumplir con sus instrucciones.
Legisladores republicanos y demócratas dijeron en programas de televisión del domingo que apoyan las investigaciones del Congreso sobre estos ataques.
Los líderes dijeron que no sabían si el reporte del Post era verdadero, pero afirmaron que atacar a supervivientes de un primer ataque presenta serias preocupaciones legales.
“Esto alcanza el nivel de crimen de guerra si es verdad”, dijo el senador demócrata Tim Kaine en CBS.
El republicano Mike Turner dijo que el Congreso no tiene información de que ese segundo ataque hubiera ocurrido.
“Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo Turner a la CBS.
Estos comentarios vienen después de que un comité del Senado anunciara el viernes que planea realizar una supervisión “vigorosa” sobre los ataques.
El Comité de Servicios Armados de la Casa de Representantes también actuó, diciendo que están “tomando acción bipartidista para obtener una explicación completa de la operación en cuestión”.
En una publicación en X, Hegseth rechazó la acusación, llamándola “fabricada, inflamatoria y derogatoria”. Escribió que los ataques fueron “legales según la ley estadounidense e internacional”.
“Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, escribió.
El domingo, hablando con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente Trump defendió a su secretario de defensa, diciendo: “Él dijo que no dijo eso. Y yo le creo al cien por ciento”.
Trump dijo que la administración “investigará” el asunto y añadió: “Yo no hubiera querido eso – no un segundo ataque”.
El domingo, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó los ataques y prometió realizar una investigación “rigurosa y exhaustiva” sobre las acusaciones del segundo ataque.
El gobierno venezolano ha acusado a EE.UU. de aumentar las tensiones en la región con el objetivo de derrocar a su gobierno.
EE.UU. no es signatario de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero asesores legales militares han dicho que el país debe “actuar de manera consistente con sus provisiones”.
Bajo la convención, los países acuerdan no interferir con barcos en aguas internacionales. Hay excepciones limitadas que permiten a un estado capturar un barco, como una “persecución en caliente” donde un barco es perseguido desde aguas territoriales hasta alta mar.
“Se puede usar la fuerza para detener un barco, pero generalmente deberían ser medidas no letales”, dijo recientemente el Profesor Luke Moffett de la Universidad de Queens en Belfast a BBC Verify.