El Ayuntamiento de Palma busca la autonomía para poder reducir o eliminar el porcentaje legalmente establecido de vivienda protegida en determinadas promociones urbanísticas. Esto permitiría a los promotores privados, principales responsables de la construcción de vivienda pública, edificar sin verse constreñidos por la obligatoriedad de incluir vivienda subsidiada.
La concejala de Hacienda y Función Pública, Mercedes Celeste, afirmó el jueves que esto solo ocurriría en casos concretos y siempre con informes técnicos y justificativos previos, así como con la ratificación en un pleno municipal.
En la actualidad, se exige que el 50% de las promociones sean de alguna de las modalidades de vivienda pública. La administración pretende un enfoque más flexible. Si una promoción queda exenta o ve reducido su porcentaje, esto se compensará en otro desarrollo. De ser aprobado por el Parlamento Balear, supondría un cambio significativo en la planificación urbanística de Palma. Se ha incluido como una enmienda propuesta a la ‘ley de capitalidad’, que es un mecanismo legal por el cual a las capitales, como Palma, se les otorgan competencias y financiación adicionales. La enmienda ha sido propuesta por el Partido Popular y Vox.
En el pleno municipal del jueves, la oposición manifestó que esta medida se estaba introduciendo “por la puerta de atrás” y sin transparencia. “Quieren liquidar el debate en tres minutos”, declaró el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós. “Están eludiendo la participación pública. Es una vergüenza, máxime cuando la crisis de vivienda es el principal problema de Palma. No sé qué desayunaron”.
Neus Truyol, de Més, acogió con agrado la solicitud de un aumento de 60 millones de euros en la financiación, pero añadió: “Es como extender la alfombra roja a los promotores privados”. La financiación adicional sería “una cortina de humo para hacer lo que el PP y Vox quieren, que es colmar de dinero público las iniciativas privadas y reducir el número de viviendas asequibles”.
Celeste insistió: “Cualquier modificación deberá ser aprobada por el pleno municipal, y la reserva global para vivienda protegida en Palma jamás podrá ser alterada. Es una simplificación administrativa para agilizar cualquier proyecto privado que pudiera presentarse”.