El Gobierno de España incrementará las ayudas estatales destinadas a la juventud para la compra y rehabilitación de inmuebles en zonas rurales. Esta medida busca tanto facilitar el acceso a la vivienda como reequilibrar la densidad poblacional del país.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el sábado que la ayuda pública para jóvenes que adquieran o reformen viviendas en municipios del interior y con baja densidad de población se elevará a 15.000 euros, frente a los 10.800 actuales.
Este aumento pretende abordar dos problemáticas convergentes en la sociedad española: la dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes y la despoblación del medio rural, lo que se conoce como la ‘España Vaciada’.
Rodríguez realizó estas declaraciones en Palencia, durante la clausura del evento “Atrévete, la vivienda es el futuro”, organizado por el PSOE de Castilla y León.
Asimismo, la ministra explicó que, por primera vez, esta ayuda se extenderá a localidades de hasta 20.000 habitantes, ampliando así el número de potenciales beneficiarios.
Este anuncio se enmarca dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno aprobará “muy pronto” y que triplicará la inversión estatal hasta los 7.000 millones de euros.
Rodríguez subrayó la necesidad de que la inversión y las ayudas estatales en vivienda sean precisas: “Para ello necesitamos saber cuánta gente demanda vivienda, dónde la demanda y qué tipos de familias son”.
Definió las tres prioridades del Gobierno para los próximos años: incrementar el parque público de viviendas, avanzar en la regulación del sector y destinar más ayudas directas a los colectivos y áreas que más lo necesiten.
Durante su intervención, la ministra también se refirió a las ‘zonas tensionadas’ en el alquiler de las grandes ciudades, mencionando casos en Castilla y León y señalando que la comunidad está gobernada por el Partido Popular.
“La Junta podría detener el precio del alquiler en las áreas tensionadas, pero el PP no quiere”, afirmó.
La declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres se ha aplicado en áreas de Cataluña y en ciudades como A Coruña, San Sebastián y Pamplona, sumándose recientemente otros 20 municipios navarros, lo que eleva el total a 301 en toda España.
No obstante, en términos generales, la gestión del mercado de la vivienda sigue siendo considerado el mayor fracaso del Gobierno de Sánchez.