En enero de 2024, el Ayuntamiento de Manacor anunció que procedería a la adquisición del edificio Topaz Apartments, situado en Calas de Mallorca, con el propósito ulterior de demolerlo como parte de un plan de revitalización del complejo turístico.
Este complejo, compuesto por cincuenta apartamentos, fue construido a mediados de la década de 1990. Contaba con piscina, bar y pub, lo que lo convertía en un atractivo turístico para la zona. Con el paso de los años, el inmueble fue abandonado. Convertido en un verdadero adefesio visual, se ha constituido en un foco de ocupación ilegal y tráfico de drogas.
Los vecinos solicitaron al consistorio que hallara una solución, y éste creyó haberla encontrado. Se solicitó una subvención de los Fondos Next Generation de la UE para proyectos en áreas turísticas saturadas y maduras. A través de la conselleria de turismo, se le otorgó al ayuntamiento una partida de 4,8 millones de euros. Dicha cantidad, no obstante, deberá ser ahora reintegrada, con los correspondientes intereses, dado que el proyecto finalmente no se llevará a cabo.
El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, alega que los impedimentos burocráticos y jurídicos con uno de los tres propietarios son la causa. Los cincuenta apartamentos son propiedad de tres fondos de inversión; uno de ellos mantiene una deuda superior a los tres millones de euros con sus acreedores y, además, aguarda una resolución judicial. “El ayuntamiento debe adquirir el edificio libre de cargas. Intentamos dejar las cosas muy claras a los tres fondos de inversión propietarios que deseaban vender. Pero no fue posible.
Nunca imaginamos que la situación pudiera complicarse tanto. Descubrimos que cada apartamento posee una referencia catastral distinta, por lo que se estaban comercializando por separado.” Mientras el fondo de inversión que posee el 60% de los activos de Topaz accedió a vender y un segundo fondo también mostró su disposición, el tercer propietario “es quien concentra la totalidad de la deuda de Topaz, más de tres millones de euros, a lo que se suma una reclamación judicial en curso”. Es esta circustancia la que imposibilita la compra por parte del consistorio.