Fuerzas de Seguridad Patrullan Lima al Decretarse el Estado de Emergencia

LIMA, Perú (AP) — Los residentes de la capital peruana observaron este miércoles a más soldados y policías patrullando las calles. Es el primer día del estado de emergencia decretado por el recién juramentado presidente José Jerí, en un esfuerzo por controlar el crimen.

El amplio decreto suspendió varios derechos constitucionales — incluyendo la libertad de reunión y de protesta — y también prohibió actividades cotidianas como que dos adultos viajen en una moto. Además, limitó las visitas a los prisioneros y permitió cortes de electricidad en las celdas, excepto para la iluminación.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre después de que los legisladores destituyeron a la entonces presidenta Dina Boluarte, en parte por su incapacidad para frenar la creciente delincuencia en el país sudamericano. Él declaró el estado de emergencia una semana después de que una masiva protesta que exigía su renuncia se volvió violenta, con un manifestante muerto por la policía y otro civil que sufrió una fractura craneal grave.

Sin embargo, los peruanos expresaron escepticismo sobre el decreto de Jerí, ya que medidas similares enactadas por Boluarte demostraron ser ineficaces.

“Ya han habido varios estados de emergencia, las extorsiones continúan, los asesinatos no paran”, dijo Manuel Timoteo mientras esperaba un autobús en el norte de Lima. “Los soldados salen por unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual.”

El gobierno de Boluarte declaró un estado de emergencia en marzo, que fue extendido hasta mayo. La medida fue duramente criticada por su ineficacia para combatir a los grupos criminales que extorsionan a pequeños negocios y matan a trabajadores del transporte público — a veces incluso frente a los pasajeros.

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Perú ha visto un aumento en las tasas de criminalidad en los últimos años. Los homicidios subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos del gobierno. La mayoría de las víctimas son de clase trabajadora.

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