La edad mínima para conducir un coche en España se sitúa actualmente en los 18 años, no obstante, el Parlamento Europeo ha aprobado una modificación normativa que rebajaría dicha edad a los 17. Existiría el requisito de que los jóvenes de 17 años vayan acompañados de un conductor con experiencia hasta que alcancen la mayoría de edad, si bien esta medida no satisface a las autoescuelas de Mallorca.
En palabras de un instructor de Palma: “La mayoría de los chavales que tengo en el coche carecen de la responsabilidad suficiente para ponerse al volante a los 18. Yo establecería la edad mínima en los 20. Imaginense si conducen solos. No poseen la madurez necesaria ni las competencias para gestionar los riesgos.”
El Parlamento Europeo aprobó el cambio el martes, argumentando la necesidad de fomentar la movilidad y atraer nuevos profesionales al sector del transporte; asimismo, se establecen edades más tempranas para los permisos de camión y autobús: 18 y 21 años, respectivamente. El sector del transporte por carretera arrastra desde hace años una escasez de personal.
La reducción de la edad conllevará penalizaciones más severas durante los dos primeros años de conducción en caso de infringir normas graves, como el consumo de alcohol o el uso del teléfono. También se modernizarán los exámenes teórico y práctico, incorporando contenidos sobre ángulos muertos, distracciones tecnológicas y la protección de usuarios vulnerables.
Sin embargo, estas condiciones no convencen a muchos en el sector de las autoescuelas. El mismo instructor de Palma añade: “Me gustaría saber en qué se basa el Parlamento Europeo para afirmar que esto reducirá los accidentes. Luego está el tema de los seguros…”. Otro instructor comenta: “Ya se intentó hace tiempo… Como docente, no lo recomiendo en absoluto.”
“Tendremos que ver cuáles son los requisitos. Podrían insistir en acudir a una autoescuela en lugar de limitarse a conducir con los padres. En este momento, no es obligatorio asistir a una autoescuela para obtener el permiso.”
Los países miembros disponen de tres años para adecuar su legislación y uno adicional para implementar las nuevas normas.