Los inmigrantes que aspiren a obtener la nacionalidad española podrían verse obligados a acreditar un nivel de castellano B2 –equivalente a una calificación alta en el bachillerato británico– según una propuesta planteada por el líder de la oposición conservadora.
La iniciativa forma parte de una nueva estrategia en materia de inmigración presentada este miércoles por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), en un intento por arrebatar el impulso político a Vox y al resurgente PSOE de Pedro Sánchez.
Durante un discurso en Barcelona, ciudad escogida deliberadamente por su alta proporción de residentes extranjeros, Feijóo manifestó su preocupación por ver «barrios enteros en España convertidos en lugares irreconocibles» y prometió «restablecer el orden de una vez por todas».
Como parte de un plan de diez puntos con el que Feijóo espera impulsar a su partido hacia el gobierno en las próximas elecciones generales –que deben celebrarse a más tardar en agosto de 2027–, los solicitantes de nacionalidad española deberán superar una «prueba reforzada» de conocimientos institucionales, legales, culturales e históricos del país para «verificar y garantizar el compromiso con los valores comunes».
La medida provocó las burlas de los socialistas en el gobierno. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, retó a Feijóo a «responder todas las preguntas» del examen. «Quizá no lo aprobaría y acabaría siendo apátrida», bromeó en redes sociales.
Además, Feijóo se comprometió a elevar «el nivel de los requisitos lingüísticos, culturales y constitucionales» para los extranjeros que lleguen a España, afirmando que el dominio del idioma «constituye la mejor vía para la integración».
Los inmigrantes necesitarían un certificado de español B2, que acredita la capacidad de comprender textos complejos, interactuar con fluidez y producir escritos claros y detallados sobre diversos temas.
Su plan también incluye el compromiso de implementar criterios más estrictos para la nacionalidad y la residencia de larga duración, argumentando que la ciudadanía «debe ganarse, no concederse automáticamente» con el paso del tiempo.
Las prestaciones sociales, como el ingreso mínimo vital (IMV), se vincularían a la búsqueda activa de empleo, mientras que las competencias en inmigración se centralizarían con la creación de una nueva autoridad, sustituyendo lo que Feijóo criticó como «cinco ministros que hablan de inmigración y ninguno hace nada».
Asimismo, el PP introduciría un sistema de puntos vinculado a los sectores con escasez de mano de obra, dando preferencia a candidatos de países «culturalmente próximos» a España.
También se endurecerían las normas de residencia por arraigo social o familiar, y los extranjeros que cometan delitos graves o reincidentes podrían enfrentarse a la expulsión, incluso siendo residentes legales.
En la actualidad, los residentes que solicitan la ciudadanía española por residencia deben haber vivido en España durante diez años y carecer de antecedentes penales.
Los aspirantes deben superar las pruebas CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España) y DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), siendo esta última equivalente a un nivel A2.
La ciudadanía española confiere el derecho a votar y circular libremente por la Unión Europea.
Como en otros países europeos, la inmigración será probablemente un tema central en las próximas elecciones generales.
En Cataluña, escenario elegido por Feijóo para presentar su plan, la competencia en la derecha política es feroz: Vox, Junts per Catalunya y la ultraderechista Aliança Catalana superan todos el 10% en sondeos recientes.
A nivel nacional, el PP lidera la mayoría de encuestas con más del 30% de los votos. El PSOE ocupa el segundo lugar con alrededor del 28%, mientras que Vox se sitúa en tercer lugar, habiendo casi duplicado su apoyo hasta rozzar el 20% en el último año.