El juicio involucra a los administradores de varias empresas que, según la fiscalía, vertieron ilegalmente residuos en ocho fincas de Los Vives (Orihuela) y una en Abanilla (Murcia) entre 2005 y 2011.
El Juzgado de lo Penal de Alicante, con sede en Elche, se dispone a iniciar la vista oral contra varios empresarios oriolanos acusados de un delito contra el medio ambiente por supuestamente enterrar cientos de miles de toneladas de residuos en terrenos agrícolas, en lugar de enviarlos a la planta de tratamiento de Proambiente en La Murada.
El proceso judicial afecta a los gestores de múltiples compañías que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, gestionaron de forma ilícita desechos en ocho parcelas de Los Vives (Orihuela) y una en Abanilla (Murcia) entre los años 2005 y 2011. Al parecer, cubrían los residuos con tierra e incluso plantaron árboles cítricos en algunos de los emplazamientos para ocultar los depósitos. Entre los materiales enterrados se incluyen residuos urbanos, orgánicos e incluso sanitarios, con estimaciones oficiales que confirman un mínimo de 388.000 toneladas, si bien los volúmenes reales podrían ser superiores.
Principales acusados y peticiones fiscales:
Francisco Poveda – el fiscal solicita siete años de prisión.
Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll, Ángel Fenoll Pastor – se piden penas de cinco años de cárcel.
El exconcejal Javier Bru y el empresario José Vera – también enfrentan peticiones de cinco años de prisión.
Ángel Fenoll, el principal imputado y antiguo gestor del vertedero, no será juzgado debido a una enfermedad.
La acusación también reclama una indemnización por el coste de extraer y tratar de manera adecuada los residuos que fueron enterrados ilícitamente.
Antecedentes
El caso está vinculado a la operación Brugal, que sacó a la luz irregularidades en los contratos de gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja, tras las denuncias de vecinos de La Murada. Se alega que Proambiente, el operador del vertedero en aquel momento, carecía de la capacidad necesaria para procesar de forma segura los residuos contratados. El Ayuntamiento de Orihuela formalizó la denuncia en 2012, casi una década después del comienzo de las actividades ilegales.
A pesar del cierre del vertedero de Proambiente, miles de toneladas de residuos enterrados permanecen en terrenos agrícolas, lo que subraya las continuas preocupaciones medioambientales y de salud pública.