En la zona residencial de Son Bauló, en Can Picafort, se hallan los apartamentos Espigol Beach. Construídos originalmente con fines turísticos, hace aproximadamente dos décadas fueron puestos a la venta como inmuebles residenciales. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Los apartamentos carecían de cédula de habitabilidad y se encontraban al margen de la normativa urbanística local, la del Ayuntamiento de Santa Margalida.
Resultaba imposible obtener el cambio de uso a residencial, lo que no impidió que los apartamentos se comercializaran. En un caso concreto, se llegaron a pagar 173.000 euros. El asunto terminó en los tribunales, y una promotora admitió que se habían comercializado ilegalmente como viviendas. No obstante, el proceso judicial se ha prolongado indefinidamente. El complejo se encuentra en un limbo, sin que se vislumbre solución alguna.
Mientras tanto, se abonan impuestos y recibos (y hay paneles solares para la electricidad), y algunos propietarios intentan deshacerse de sus adquisiciones ofreciéndolas a precios irrisorios y dejando entrever que existen problemáticas. Una de ellas, de gran magnitud. Okupas.
Un reciente incendio volvió a poner el foco en una situación que se arrastra desde hace años. Los vecinos de la zona alegan tener que soportar conductas antisociales y allanamientos no infrecuentes. Todo esto en una agradable calle residencial, no lejos de la playa.
Los propios ocupas aseguran que no tienen otro lugar adonde ir; alquilar un piso les resulta imposible. Añaden que hacen lo posible por mantener el lugar limpio y proteger los apartamentos de “gente peligrosa”. “No queremos causar problemas”. Mantienen que tienen buenas relaciones con la policía y la Guardia Civil, algo que ha sido corroborado. Se ha constatado un descenso en las intervenciones policiales.
Entre los residentes hay personas de distintas nacionalidades. Algunos trabajan en el sector de la hostelería local. Hay familias con niños. El incendio ha puesto a Espigol Beach en una situación comprometida, y los ocupas desean que el ayuntamiento “regularize” los apartamentos. “Aquí vive gente, no animales”. Pero el ayuntamiento tiene las manos atadas en gran medida. Se trata de propiedad privada. Ha llevado a cabo actuaciones, como la tala de un árbol peligroso, pero los ocupas reclaman más, especialmente en lo relativo a las piscinas, en las que se ha acumulado suciedad y agua estancada, lo que constituye un riesgo sanitario.
Los residentes de la zona también están preocupados por la salubridad y reclaman al ayuntamiento que actúe “en defensa de los vecinos”. Están trasladando el asunto al gobierno autonómico. Pero, si bien el consistorio realiza labores de limpieza y mantenimiento en las áreas públicas y ha talado el árbol peligroso dentro del complejo, carece de competencias para actuar frente a la ocupación.