Las multas tenían como objetivo proteger a los consumidores y se ajustaban tanto a la legislación española como a las normativas de la Unión Europea en la materia. Fotografía: Lunopark/Shutterstock
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción formal contra España como consecuencia de las multas de 179 millones de euros impuestas por el gobierno español a cinco aerolíneas de bajo costo. Las sanciones, dirigidas a Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian y Volotea, se debieron al cobro a los pasajeros por el equipaje de mano y la reserva de asientos. Bruselas alega que estas sanciones podrían infringir la normativa comunitaria que garantiza a las aerolíneas la libertad de fijar sus propios precios.
Antecedentes de las multas españolas
Medidas del Ministerio de Consumo
En noviembre de 2024, el Ministerio de Consumo impuso multas a las cinco aerolíneas de bajo costo por lo que calificó como “prácticas abusivas”. Las autoridades argumentaron que el cobro de tarifas adicionales por el equipaje de mano, la reserva de asientos adyacentes para pasajeros que viajan con personas a su cargo, el cargo por tarjetas de embarque impresas y la facilitación de información sobre precios potencialmente engañosa vulneraban las normas de protección al consumidor.
Ryanair recibió la multa más cuantiosa, de 108 millones de euros, seguida de Vueling (39 millones), easyJet (29 millones), Norwegian (1,6 millones) y Volotea (1,1 millón). Además de las sanciones económicas, el Ministerio prohibió determinadas prácticas, como cobrar por el equipaje de mano y la reserva de asientos, y exigió a las aerolíneas que aceptaran pagos en efectivo en los aeropuertos españoles.
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Respuesta de las aerolíneas a las multas
Las aerolíneas han impugnado las sanciones, alegando que las multas contradicen la normativa de la UE sobre la libertad de precios de las aerolíneas. Ryanair y otras compañías tacharon las multas de “ilegales” y advirtieron de que dichas sanciones podrían poner en peligro el modelo de las aerolíneas de bajo costo, lo que potencialmente se traduciría en tarifas base más elevadas para los pasajeros.
Posición de la Comisión Europea
Libertad de fijación de precios en la UE
La Comisión Europea sostiene que las multas impuestas por España infringen la normativa comunitaria que otorga a las aerolíneas la libertad de determinar sus propias estructuras de precios. Según Bruselas, el equipaje de mano debería ser gratuito si cumple con los requisitos razonables de peso y tamaño y se ajusta a la normativa de seguridad. Cualquier tarifa adicional que supere estos límites queda bajo la discrecionalidad de precios de la aerolínea.
Proceso legal y próximos pasos
España ha recibido un escrito de emplazamiento formal de la Comisión y dispone de un plazo de dos meses para responder y subsanar las presuntas deficiencias jurídicas. En caso de que España no proporcione una respuesta satisfactoria, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría dar lugar a resoluciones vinculantes sobre la legalidad de las multas.
Reacciones de los interlocutores
Gobierno español y asociaciones de consumidores
El ministro español de Derechos Consumidores, Pablo Bustinduy, criticó la intervención de la Comisión, argumentando que las multas tenían por objeto proteger a los consumidores y se ajustaban tanto al derecho español como a la normativa de la UE en la materia. Asociaciones de consumidores de once países europeos respaldaron la posición de España, instando a Bruselas a examinar las prácticas de las aerolíneas de bajo costo y a garantizar un trato justo a los pasajeros.
Perspectiva de las aerolíneas y del sector
Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, acogió con satisfacción las medidas de la Comisión, afirmando que defienden la elección del consumidor y la competencia. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defendió igualmente a las aerolíneas, alegando que las multas excesivas corren el riesgo de incrementar los precios generales de los billetes, lo que en última instancia perjudicaría a los viajeros.
La disputa entre España y la Comisión Europea podría tener consecuencias significativas para los pasajeros aéreos. Si se mantienen las multas de España, las aerolíneas podrían quedar prohibidas de cobrar por cierto equipaje de mano, lo que posiblemente resultaría en ajustes en el precio de los billetes. Por el contrario, si prevalece la posición de la UE, las aerolíneas podrían continuar cobrando por el equipaje de mano, afectando a la asequibilidad de los vuelos de bajo costo.
Se recomienda a los pasajeros que se mantengan informados sobre los posibles cambios en las políticas de las aerolíneas, las asignaciones de equipaje y las estructuras de precios de los billetes, ya que estos desarrollos podrían afectar a los costes y la comodidad de los viajes.