El Govern modificará el sistema de apoyo a los menores tutelados y a los perceptores de la renta social garantizada para evitar que la región se convierta en un polo de atracción para migrantes, según ha declarado la Presidenta del Govern, Marga Prohens.
Señaló que, al igual que ya se exije un mínimo de cinco años de residencia legal para acceder a una vivienda pública o cualquier protección oficial, se modificará la renta social garantizada para ampliar el requisito de residencia legal de uno a tres años y, salvo en casos justificados, vincularla a programas de inserción laboral para mantener dicha prestación. También anunció cambios en la ayuda a la emancipación para requerir un mínimo de tres años de tutela en las islas.
“No podemos de ninguna manera contribuir a un ‘efecto llamada’ en una ruta migratoria que crece exponencialmente,” afirmó la Presidenta. Prohens sostuvo que el Govern no puede otorgar una prestación “a quienes llegan a una edad en la que ni siquiera pueden ser escolarizados,” y que tras un año o unos meses, “simplemente por haber estado tutelados,” tuvieran derecho a la ayuda a la emancipación, destinada “a personas que ya han pasado años dentro del sistema.” Anunció que la Vicepresidenta Antònia Estarellas se reunirá con el Embajador de Argelia en España, aunque el Govern no tiene competencias, para abordar la crisis migratoria.
Prohens defendió el papel esencial de los migrantes que llegan a Baleares “para contribuir e impactar positivamente,” pero recalcó que, “por respeto a la población local,” el Govern no permitirá que las personas lleguen únicamente para “abusar de nuestras prestaciones y apoyos públicos” como modo de vida, “y menos aún si ello pudiera generar un efecto llamada.” “Debemos mantenernos firmes ante los intentos del Gobierno de España de imponer la acogida de menores de otras comunidades, cuando aquí ya estamos al límite y continúan llegando directamente a nuestras costas,” declaró la Presidenta.
Insistió en que el Govern seguirá utilizando todas las vías a su alcance para impedir esta distribución. “A pesar del negacionismo que algunos aún mantienen, la existencia de una ruta de inmigración ilegal es incuestionable,” añadió. “La política migratoria de un país no puede basarse en montar carpas en los puertos y distribuir menores,” afirmó.