El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha planteado la posibilidad de incluir el derecho al aborto en la Constitución, ante el temor de que un futuro ejecutivo de derechas pudiera restringir los derechos reproductivos de las mujeres.
Esta iniciativa surge pocos días después de un intenso debate político en Madrid, provocado por una propuesta respaldada por el Partido Popular (PP) y el partido de ultraderecha Vox. Dicha propuesta habría obligado a informar a las mujeres que consideraran interrumpir su embarazo sobre la llamada “depresión postaborto”, un síndrome pseudocientífico carente de respaldo médico.
Como respuesta, Sánchez acusó al PP de “fusionarse con la ultraderecha”. “Allá ellos. Pueden hacerlo, pero no a costa de las libertades y derechos de las mujeres”, declaró el líder socialista en la red social X.
En su mensaje, el presidente añadió: “Por ello, vamos a impedir que se proporcione información engañosa o anticientífica sobre el aborto […] y llevaremos al Parlamento una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con este gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás”.
Una fuente gubernamental, citada en medios españoles, afirmó que la medida “bloquearía cualquier retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres”, añadiendo: “En un contexto global de reacción contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso al frente para blindar las libertades y la autonomía de las mujeres”.
No obstante, que la propuesta llegue a materializarse es una cuestión completamente distinta. Para que una enmienda forme parte de la Constitución española, debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. De no lograrse, podría prosperar si obtuviera el respaldo de más de dos tercios del Congreso, algo altamente improbable dado el estatus de minoría del gobierno de Sánchez. Esta vía también requeriría el apoyo del PP, que ha acusado al presidente de utilizar el tema del aborto como cortina de humo para desviar la atención de sus luchas internas, como las acusaciones de corrupción contra su esposa, su hermano y su antiguo hombre de confianza.
Los críticos afirman que la postura de Sánchez es un intento de desviar la atención de las imputaciones por corrupción en su círculo más cercano. “Siempre que necesita tapar sus problemas de corrupción, recurre a temas sensibles para intentar crear una cortina de humo”, declaró Juan Bravo, secretario adjunto del PP, en una entrevista con RNE. Bravo rechazó firmemente la idea de una reforma constitucional, argumentando que el aborto “no es un derecho”, sino un procedimiento médico regulado.
Actualmente, el aborto en España es legal a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación, y en etapas posteriores en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer o graves anomalías fetales. La interrupción voluntaria del embarazo fue brevemente liberalizada durante la década de 1930 bajo la Segunda República, antes de que las reformas fueran revertidas durante la dictadura de Francisco Franco. El procedimiento fue despenalizado hace 40 años bajo el mandato del socialista Felipe González, antes de que se aprobaran nuevas reformas en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero.
El número de abortos realizados en España experimentó un aumento el año pasado.