El Govern balear afirma que es imprecindible que todos los actores se atengan a las mismas normas. Las autoridades han detectado 1.475 inmuebles de alquiler vacacional que funcionaban sin abonar el impuesto turístico correspondiente.
De estos, 570 ya se han registrado y figuran en el sistema. Para el resto, a menos que los propietarios puedan demostrar que no existía actividad comercial, la administración los inscribirá de oficio y aplicará liquidaciones retroactivas.
El hallazgo se produjo tras cruzar los datos de la comunidad autónoma con los de los consejos insulares. Todas las viviendas identificadas disponían de la licencia municipal pertinente para operar, pero habían eludido el sistema tributario.
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En un comunicado, el Gobierno calificó esta medida como «un paso más en la colaboración institucional con los consells insulares, con el objetivo de optimizar la gestión y el control del alquiler turístico en Baleares».
Esta nueva estrategia se deriva del anuncio realizado en septiembre de 2023 por el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, quien impulsó una cooperación más estrecha con el Consell de Mallorca. En su momento, subrayó la relevancia de «garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos».
Costa manifestó que la meta última no es solo la fiscalización, sino la equidad: velar por que lo recaudado revierta en los servicios públicos y en «el bienestar de toda la ciudadanía balear».
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