A principios de septiembre, el Gobierno Balear aprobó un decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos en la región. En líneas generales, se trataba de iniciativas para atraer inversiones de alto valor añadido, fomentar la diversificación económica y generar empleo estable y de calidad.
Dicho decreto ley tuvo que ser llevado al Parlamento Balear para su ratificación. El martes, el gobierno sufrió una derrota. La moción para aprobar el decreto no solo no recibió el respaldo de los partidos de la oposición, algo que podía esperarse, sino que tampoco contó con el apoyo de Vox, el partido del que depende el gobierno del Partido Popular, dada su condición de minoría.
Esta fue la primera vez que Vox votó en contra de un decreto ley de esta índole. Su justificación para hacerlo estuvo una vez más relacionada con su insistencia en el uso del Castellano en la enseñanza. Un enfurecido vicepresidente, Antoni Costa, manifestó en la cámara que Vox había registrado una moción relativa a la lengua que “rompía por completo los acuerdos”.
“No aceptamos ni aceptaremos chantajes. Nos dijeron: o aceptan lo que decimos o votaremos en contra. Transmitimos a Vox nuestra disposición a cumplir con todos los pactos suscritos con ellos, pero la realidad es que esto no ha sido suficiente. Este gobierno ya ha tenido bastante.”
El rechazo a este decreto, por tanto, no guardaba relación con su contenido, sino que estuvo vinculado a exigencias lingüísticas que iban mucho más allá de lo acordado. Costa arguyó que el decreto era beneficioso para la ciudadanía de las Illes Balears. “Quienes votaron en contra deberán explicar al sector empresarial por qué lo hicieron.”
Las relaciones entre ambos partidos nunca han sido sencillas, siendo la lengua en particular un asunto en el que han tenido que salvar sus discrepancias. Lo han logrado en el pasado, pero con la votación de hoy surge la incógnita de cuánta confianza puede depositar el PP en Vox de aquí en adelante. Costa insistió en que el gobierno “continuará con su hoja de ruta, y otros tendrán que decidir si la apoyan.” Pero, ¿podrá el gobierno proseguir con su hoja de ruta?