Una masiva protesta por unas pensiones más justas recorrió el corazón de Madrid el pasado sábado.
Fotografía: Natascha Rivera
MILES de personas –entre ellos, abogados, arquitectos, procuradores y otros profesionales– colapsaron las calles céntricas de Madrid el sábado 27 de septiembre en una manifestación multitudinaria contra las exiguas pensiones procedentes de las mutualidades privadas. El tráfico se detuvo, se desviaron los autobuses y las calles quedaron completamente paralizadas mientras la columnas de manifestantes, portando pancartas del movimiento #J2 con el lema “1×1 Para Tod@s”, recorría la ciudad para exigir un sistema de jubilación más equitativo para dichas profesiones.
El movimiento #J2, que surgió hace aproximadamente tres años, es una protesta que reclama pensiones dignas para las profesiones mencionadas, las cuales, en lugar de cotizar a la Seguridad Social, realizaban sus aportaciones a una mutualidad privada… y al alcanzar la edad de jubilación, se encuentran con que sus pensiones son irrisorias (en ocasiones, inferiores a doscientos euros mensuales). Las protestas del #J2 exigen la creación de un sistema, al que denominan pasarela, que permita a estos profesionales percibir una pensión pública en lugar de las prestaciones de la mutualidad.
Los manifestantes avanzan por el centro de Madrid.
Fotografía: Natascha Rivera
El origen del conflicto
En España, determinados profesionales estuvieron obligados a cotizar a estas mutualidades hasta 1996, año en que una nueva normativa les permitió elegir entre permanecer en la mutualidad o integrarse en la Seguridad Social. No obstante, muchos no fueron informados del cambio y otros, aunque conocían la nueva legislación, optaron por quedar-se en la mutualidad para no perder las cotizaciones efectuadas. En la actualidad, el movimiento demanda un mecanismo de transferencia que permita traspasar sus aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
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Se trata de un problema que afecta a más de 100.000 trabajadores en España (alrededor de 70.000 abogados y procuradores, y aproximadamente 35.000 arquitectos y aparejadores).
Hasta la fecha, el PSOE presentó una proposición de ley en mayo del presente año para crear dicha pasarela, pero numerosos detalles –como quién reúne los requisitos para acceder a ella, el procedimiento para convertir los fondos, la situación de los jubilados que ya no ejercen, las protecciones que se establecerán y otras obligaciones y normas– constituyen todavía un terreno ambiguo tanto para las autoridades como para los profesionales afectados. La propuesta legislativa se halla en estos momentos en la fase final de negociación en el Congreso.