Un tribunal español ha prolongado el pulso legal en torno a la solicitud de eutanasia de una joven parapléjica, señalando este viernes que podía solicitar terminar con su vida, pero avalando el derecho de su padre a apelar.
España es uno de los pocos países que ha legalizado la eutanasia gracias a una ley de 2021 que conlleva requisitos estrictos.
Estipula que cualquier persona en su pleno juicio que padezca una “enfermedad grave e incurable” o una afección “crónica e incapacitante” puede solicitar asistencia para morir.
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La joven, de veintitantos años, iba a someterse al procedimiento en agosto de 2024 después de que la comisión de garantías de eutanasia de Cataluña respaldara su petición.
No obstante, el proceso fue suspendido en el último minuto tras la impugnación legal presentada por su padre con el apoyo del grupo conservador Abogados Cristianos.
El padre alegó que su hija sufría trastornos mentales que “podrían afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente”, como exige la ley.
También afirmó que había indicios de que se había arrepentido y de que su padecimiento no conllevaba “un sufrimiento físico o psicológico insoportable”.
En un auto hecho público el viernes, un tribunal de Barcelona avaló una decisión previa de marzo que confirmaba que la joven cumplía las condiciones para la eutanasia, citando “informes médicos que respaldan unánimemente” dicha conclusión.
Pero el tribunal también reconoció “el derecho de los padres de una persona que solicita terminar con su vida a impugnar judicialmente la decisión”.
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Abogados Cristianos anunció que llevará el caso al Tribunal Supremo, publicando en X que ella “es una chica con una enfermedad mental que tiene toda la vida por delante. La eutanasia no es solución para nadie.”
La mujer, que se quedó parapléjica tras arrojarse desde el quinto piso de un edificio en un intento de suicidio en 2022, solicitó a un tribunal en abril del año pasado que le permitiera ejercer su derecho a morir.
Su caso fue el primero en España en llegar a un juzgado para que un magistrado decidiera desde la aprobación de la ley de eutanasia en 2021.
Este suceso coincide con el debate en la vecina Francia sobre un proyecto de ley de muerte asistida que podría otorgar a los pacientes asistencia médica para finalizar sus vidas en circumstancias muy definidas.