Aunque es de sobra conocido que el turismo constituye el motor de la economía balear, la población local simplemente ha llegado a su límite ante la masificación desmedida –especialmente tras la pandemia. Pueblos abarrotados, carreteras y mercados colapsados, un sistema de transporte público saturado, escasez hídrica, daños ambientales, precios desorbitados y una pobreza rampante en el sector de bajos salarios: incluso los más devotos adoradores del turismo no pueden ya negar que Mallorca ha alcanzado su tope.
Resulta por tanto comprensible que la mayoría de la población demande que se establezcan límites claros al turismo. Lo que sí sorprende, en cambio, son las declaraciones del consejero de turismo balear, quien afirmó que la política del gobierno conservador se ajusta a los deseos ciudadanos.
En la realidad, son los conservadores –en el poder desde hace más de dos años– quienes han derogado la moratoria de camas turísticas, permitido construcciones en suelo rústico y no han incrementado el impuesto turístico, la Ecotasa, a pesar de las recomendaciones de lós expertos. En lugar de soluciones contundentes, hay una mesa redonda de la cual la mayoría de participantes se retiraron frustrados, y una medida tibia que restringe la importación de vehículos extranjeros y de alquiler.
Incluso el límite de cruceros, vigente desde hace cuatro años, es incumplido regularmente. Y cuando hasta uno de los magnates hoteleros más poderosos del mundo, Gabriel Escarrer de Meliá Hotels, critica públicamente al gobierno –como hizo esta primavera– deberían sonar todas las alarmas. Advierte que, sin una gestión sostenible, las islas se saturarán y se perderá aún más vivienda accesible para locales. También alerta de que Baleares se arriesga a convertirse en un destino masificado y poco atractivo.
No hay motivo para dudar de las buenas intenciones del gobierno. Sin embargo, persiste la impresión de que falta voluntad real de cambio –o que esta naufraga en su socio cuasi coalicional de ultraderecha, Vox. Y Mallorca necesita urgentemente una política que salvaguarde la calidad de vida de sus residentes, en vez de escudarse en declaraciones vacías y medias tintas. De lo contrario, la isla se juega perder, definitivamente, el equilibrio entre turismo y bienestar.