Las grandes empresas en España deberán ofrecer en breve servicio al cliente en catalán y otras lenguas cooficiales cuando así sea solicitado.
Este cambio se produce tras el acuerdo alcanzado por el partido político Junts per Catalunya con el gobierno español para incluir esta medida en la nueva Ley de Servicio al Cliente.
Será de aplicación para compañías con más de 250 empleados o una facturación anual superior a los 50 millones de euros.
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Los consumidores podrán realizar reclamaciones o peticiones en catalán, euskera, gallego o valenciano si el producto fue adquirido en esas regiones, incluso si posteriormente llaman desde otra parte de España.
La comunicación escrita de las empresas también deberá realizarse en el idioma elegido por el cliente en el momento de la compra.
Junts ha calificado la reforma como “un cambio de paradigma”, ya que garantiza los derechos lingüísticos con independencia de la ubicación del consumidor.
La portavoz del partido, Miriam Nogueras, argumentó que los catalanes deberían tener “los mismos derechos lingüísticos que un francés o un inglés” al tratar con empresas.
La ley requerirá que las empresas proporcionen al personal la formación necesaria para atender llamadas en catalán y otras lenguas cooficiales.
Afectará a entidades bancarias, aseguradoras, compañías energéticas, empresas de transporte, operadoras de telefonía y otros grandes proveedores de servicios.
No obstante, el Ministerio de Consumo ha aclarado que la obligación solo aplicará en los territorios donde existen lenguas cooficiales reconocidas, como Cataluña, Galicia y el País Vasco.
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El ministro Pablo Bustinduy subrayó que la medida debe respetar la Constitución española, que reconoce las lenguas cooficiales solo en regiones específicas.
La reforma aún se encuentra en discusión en el parlamento, donde se debatirán más de 200 enmiendas en las próximas semanas.
Junts afirma que el acuerdo evita una “invasión de las competencias de Cataluña” y asegura un mejor trato para los clientes que deseen utilizar su propia lengua.
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