Días después de que un juez federal dictaminase que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede restringir unilateralmente miles de millones en fondos de ayuda exterior, el Departamento de Justicia ha solicitado a la Corte Suprema que intervenga.
En un escrito presentado el lunes, los abogados del gobierno requirieron una suspensión de emergencia para bloquear la orden emitida por el tribunal de menor instancia y permitir que la administración continúe reteniendo aproximadamente $4 mil millones de fondos asignados por el Congreso.
El mes pasado, Trump anunció que no desembolsaría dichos fondos, invocando una autoridad cuestionable que no era utilizada por un mandatario estadounidense desde hacía aproximadamente cincuenta años.
La semana pasada, el juez de distrito Amir Ali determinó que la decisión del gobierno republicano de retener los fondos era probablemente ilegal.
Los recursos en disputa en este caso fueron asignados por el Congreso para ayuda exterior, operaciones de mantenimiento de paz de la ONU y iniciativas de promoción democrática en el extranjero.
El Departamento de Justicia señaló en su documento del lunes que el gobierno considera los $4 mil millones en ayuda exterior en litigio como “contrarios a la política exterior de Estados Unidos”.
El Congreso presupuestó miles de millones en ayuda exterior el año pasado, de los cuales aproximadamente $11 mil millones deben gastarse o comprometerse antes del 30 de septiembre, el último día del año fiscal estadounidense, para evitar su caducidad.
Tras ser demandado por grupos de ayuda que esperaban optar a dicha financiación, el gobierno afirmó el mes pasado que pretendía recortar $6.5 mil millones de los fondos disputados. Trump también intentó eliminar $4 mil millones mediante un mecanismo inusual llamado “rescisión de partida”, eludiendo al Congreso.
Ali determinó el miércoles que el gobierno no puede simplemente optar por retener los fondos y debe acatar las leyes de asignaciones a menos que el Congreso las modifique.
La orden judicial “plantea una amenaza significativa y urgente para la separación de poderes”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en el escrito, añadiendo que sería “contraproducente y carente de sentido que el poder ejecutivo obligase a gastar los mismos fondos que solicita al Congreso rescindir”.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen atribuciones diferenciadas.
El director de presupuesto de Trump, Russell Vought, sostuvo que el presidente puede retener fondos durante 45 días tras solicitar una rescisión, plazo que se extendería hasta el final del año fiscal. La Casa Blanca indicó que esta estrategia se utilizó por última vez en 1977.
Lauren Bateman, abogada de uno de los grupos demandantes, afirmó el lunes que el gobierno está pidiendo a la Corte Suprema “que avale una práctica ilegal como la rescisión de partida”.
“En esencia, el gobierno solicita a la Corte Suprema que bendiga su intento de acumular poder ilegalmente”, declaró Bateman.
En los últimos meses, la Corte Suprema ha emitido una serie de fallos favorables a Trump mediante el uso de decisiones de emergencia —rara vez solicitadas por administraciones previas, pero que Trump ha buscado y obtenido en números récord.
Desde el inicio de su segundo mandato en enero hasta principios de agosto, Trump había solicitado 22 decisiones de emergencia, superando las 19 solicitadas durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden y casi triplicando las ocho presentadas durante las presidencias de Barack Obama y George W. Bush, quienes completaron dos mandatos de cuatro años cada uno.
Estas resoluciones se diferencian de los casos habituales, ya que a menudo se emiten en órdenes brevísimas y no firmadas que ofrecen escasa argumentación jurídica a pesar de implicar cuestiones de gran calado. Esta falta de transparencia ha generado críticas por parte de académicos del derecho e incluso algún raro reproche de jueces federales.
Hasta agosto, el tribunal se había pronunciado a favor de Trump en 16 de los 22 casos de emergencia resueltos.
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