Las tensiones raciales en España han vuelto a alcanzar su punto de ebullición tras el ataque de matones a un centro de acogida de menores migrantes en Madrid. Esto ocurre después de que se reportara que uno de sus ocupantes, un marroquí, violó a una adolescente de 14 años en un parque cercano.
En un incidente que recuerda a la violencia de julio en Torre Pacheco, dos encapuchados agredieron a residentes del Centro de Primera Acogida tras la detención de un migrante marroquí de 17 años el viernes pasado.
Dos menores y un adulto que los acompañaba resultaron heridos en el ataque del domingo por la tarde en la capital, y uno de ellos requirió atención hospitalaria. La Policía ha abierto una investigación.
Este episodio reaviva las heridas de los disturbios de este verano en Torre Pacheco, Murcia, donde estalló una violenta revuelta tras la agresión a un hombre mayor por parte de tres jóvenes norafricanos.
El ataque desencadenó días de enfrentamientos callejeros entre vecinos y migrantes, mientras grupos de ultraderecha explotaban la hostilidad para avivar el sentimiento antiinmigrante.
Vox planeaba una macroprotesta frente al centro de migrantes el martes, pero las autoridades denegaron la solicitud, citando riesgos de altercados públicos y la obligación legal de proteger a los menores de la intimidación y el peligro.
“La agresión sexual a una menor en Hortaleza es consecuencia del ‘consenso progresista’ encarnado tanto por el PSOE como por el PP”, declaró Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en Madrid. “Esta desastrosa política de fronteras abiertas… permite que la violencia se generalice en los barrios que albergan estos centros”.
Sus comentarios provocaron una fuerte reacción de políticos de izquierdas. Francisco Martín, delegado del Gobierno en la capital, condenó la violencia del domingo y añadió que “el discurso del odio finalmente se manifiesta en crímenes de odio”.
“Madrid ha registrado 256 violaciones este año, pero solo este caso desata tanto zelo político… Es inaceptable criminalizar a poblaciones vulnerables”, afirmó el aliado socialista de Pedro Sánchez.
El caso también ha reavivado el debate sobre dónde alojar a los menores migrantes.
Las regiones de España siguen oponiéndose a la distribución de menores no acompañados, un tema que los líderes consideran un asunto políticamente espinoso.
Muchos alegan problemas de hacinamiento, seguridad y saturación de servicios públicos, mientras otros critican que estos centros son focos de tensión social.
Isabel Díaz Ayuso, la combativa presidenta madrileña, utilizó el caso para arremeter contra la gestión migratoria de Sánchez, escribiendo en X: “Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos”.
Ayuso ha iniciado una campaña legal contra el Gobierno por lo que considera una cuota “injusta” de menores migrantes para Madrid.