Los incendios forestales que han asolado España este verano incrementan la presión sobre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya se veía acosado por una serie de alegaciones de corrupción contra miembros de su círculo íntimo.
Estas crisis gemelas han intensificado los enfrentamientos entre el gobierno minoritario socialista de Sánchez y el conservador Partido Popular (PP), que gobierna en muchas de las regiones más afectadas por las llamas.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, las llamas han calcinado más de 415.000 hectáreas, principalmente en agosto, lo que establece un nuevo récord anual desde que comenzaron los registros en 2006.
Cuatro personas han fallecido y miles han sido evacuadas debido a los incendios de este mes.
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Los socialistas culpan al PP por no implementar políticas efectivas de prevención de incendios y por minimizar el cambio climático.
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El PP señala la piromanía como causa de los incendios y acusa al gobierno central de reticer recursos, incluyendo un apoyo militar suficiente.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto la creación de un registro nacional de incendiarios.
No obstante, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistió este miércoles en la televisión pública en que los gobiernos autonómicos son los responsables de la respuesta ante desastres.
“El líder de la oposición aparece y señala con el dedo en lugar de ayudar”, declaró, en referencia al propuesto registro de incendiarios.
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que muchos gobiernos regionales presididos por el PP “han dejado de actuar”.
“Cuando no ha habido inversión en prevención, no basta con decir: ‘llegarán los militares'”, comentó en la emisora de radio Ser.
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‘Incompetentes’
La portavoz del PP, Ester Muñoz, réplicó acusando al gobierno de buscar chivos expiatorios.
“La respuesta de un gobierno ‘serio’ debería ser ‘dónde y cuándo necesitan recursos’, y no que las autoridades locales son incompetentes”, sostuvo.
El debate político refleja la controversia que siguió a las mortíferas inundaciones de octubre de 2024 en la Valencia gobernada por el PP.
La polémica surge cuando la posición política de Sánchez se ha visto dañada por varias investigaciones sobre presunta corrupción en su círculo más cercano.
Su esposa, Begoña Gómez, ha sido citada de nuevo para declarar en septiembre por una investigación sobre supuesta malversación de fondos públicos.
Sánchez ha tachado las acusaciones contra su mujer –relacionadas con su antiguo trabajo en la Universidad Complutense de Madrid– de ser un intento de la derecha por desestabilizar su gobierno.
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El que fuera su hombre de confianza, Santos Cerdán, fue detenido en junio dentro de una investigación en curso sobre presuntas comisiones por contratos públicos.
Y su hermano menor, David Sánchez, está bajo investigación desde 2024 por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal.
El gobierno minoritario de Sánchez se mantiene gracias al apoyo de partidos regionales más pequeños y ha encontrado dificultades para aprobar legislación e incluso unos presupuestos.
Feijóo ha tildado a Sánchez de presidente “zombi” por su dificultad para aprobar leyes y ha exigido la convocatoria de elecciones generales anticipadas.